FALLO JUDICIAL

Satisfacción por la decisión del juez de investigar el canon de Sogama

Alcaldes, representantes vecinales y empresariales rechazan la subida y esperan que se restablezca la anterior tarifa 

Contenedores de recogida de residuos, frente a la Casa Consistorial de Piñor.
Contenedores de recogida de residuos, frente a la Casa Consistorial de Piñor.
Satisfacción por la decisión del juez de investigar el canon de Sogama

Alcaldes, representantes vecinales y empresariales coinciden mayoritariamente en que el servicio de recogida de residuos urbanos es caro y que si finalmente la Lei de Orzamentos de Galicia 11/2013 del 26 de diciembre es considerada inconstitucional, resultará beneficioso para los concellos que pagarán menos a Sogama y, consecuentemente, para los ciudadanos en cuyas tasas podría repercutir de forma positiva. Las opiniones, no obstante, son más cautas unas que otras, y en general, todos ellos señalan que hay que esperar lo que resuelva el Tribunal Constitucional, una vez que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Ourense planteó la posibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad de la referida ley, mediante la que se aplicó una subida del canon del 33% a los concellos, a raíz de las demandas de Sogama contra el Ayuntamiento de Piñor por negarse a pagar el incremento.

El alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco (PSdeG), declaraba que "esto nos da la razón, que era un abuso, una subida unilateral impuesta por el señor Agustín Hernández sin que mediase ningún diálogo. Es una injusticia para los concellos y espero que después de esto, los ayuntamientos del PP se sumen a esta reclamación". En su opinión, "el juez dirá si el cobro ha sido indebido y si tienen que devolver el dinero".

El regidor de Boborás, Cipriano Caamaño (PP), opina que el servicio debería estar subvencionado porque el gasto es excesivo para los concellos del rural y critica el hecho de que "no haya sido consensuado con los ayuntamientos. Si acaba siendo inconstitucional, es que alguien metió la pata". Añade que de ser así, "tendrán que devolver el dinero que se cobró indebidamente. Sogama no debería esperar la sentencia y contactar ya con los concellos para llegar a un acuerdo".

El regidor de Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), recordó que el servicio está en manos de la Diputación y que "serán los servicios jurídicos quienes analicen lo que sea más beneficioso para la Diputación y los concellos" y añadió que "todo lo que suponga pagar menos, es bueno para el municipio".

Dudas

Quien sí ha puesto en duda la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Ourense ha sido el presidente de la Mancomunidad de concellos de O Ribeiro, Francisco José Fernández (PP), matizando que "tengo mis dudas de que sea inconstitucional porque cada subida se fundamenta en algo, como cuando los ayuntamientos suben el IBI es porque es necesario y el juez lo único que indica es que se estudie esa posibilidad". Recordó que "es la opinión de un juez, que respeto", asegurando que la subida no repercutió en los vecinos de los cinco ayuntamientos mancomunados porque fueron las instituciones locales quienes asumieron la diferencia. Reconocía que "ha sido una subida grande pero no queda otro remedio que asumir los costes". Por su parte, el alcalde de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez (BNG), calificó de "positiva" la decisión del juez porque "la subida de Sogama fue una decisión unilateral que vulnera la autonomía local. Castrelo participó en las protestas de los alcaldes contra la subida, que nosotros asumimos con fondos propios para no cargar a los vecinos".