Fiscalía y acusación particular mantienen los ocho años y medio de cárcel
La defensa del ex apoderado del Banco Caixa Geral de O Barco Diego N.P., acusado de apropiarse de 448.064 euros, estafa y falsedad documental, cambió su solicitud inicial de libre absolución para su defendido por una pena reducida de entre seis y 21 meses de cárcel.
El letrado señaló como primer atenuante la "dilación indebida de ocho años" desde la comisión del delito hasta la celebración del juicio, que el fiscal justificó por la necesidad de "realizar las periciales caligráfica y económica". Esta última, según señaló el ministerio fiscal, fue esencial para que no quedase acreditada la receptación del dinero sustraído por parte del padre y hermano del acusado. Al mismo tiempo, ayudó a conocer la cuantía total del desfase de caja en la entidad bancaria.
El letrado de la acusación particular, por su parte, consideró que dicha receptación había quedado suficientemente probada con la declaración del propio Diego N., "reconociendo que el dinero iba destinado a pagar los gastos de las empresas familiares", por lo que considera que "hay responsabilidad penal" de los familiares del acusado.
La segunda atenuante presentada por la defensa se refería al "arrepentimiento espontáneo" del apoderado bancario, que según señaló "mostró en todo momento un ánimo colaborador", como, según subrayó, queda plasmado en el correo enviado en su día a la central bancaria en Madrid.
Tanto ministerio fiscal como acusación particular mantuvieron su solicitud inicial de ocho años y medio de cárcel para el acusado, considerando probada la apropiación indebida continuada de dinero de la entidad bancaria y de las cuentas de varios clientes. El fiscal explicó en sus conclusiones que "Diego, conocedor de la negligencia del director de la sucursal -que no realizaba los arqueos obligatorios-, aprovechó la situación para realizar esas sustracciones del dinero fruto de las cesiones económicas de otros bancos y no pidió vacaciones, sabedor de que si venía un sustituto haría un arqueo que descubriría el pastel". En cuanto al delito de estafa a particulares, lo consideró probado por los testimonios recogidos ayer, en los que "ninguno de los afectados reconoció su firma" en los movimientos de sus respectivas cuentas realizados entre enero de 2008 y febrero de 2010.
