Un informe y su aprobación plenaria resolverá definitivamente el problema del suelo industrial de arcos
Los propietarios de construcciones irregulares en Vilamartín, multados por construir en suelo rústico, deberán negociar individualmente los pagos con la Agencia Tributaria. Esta es la conclusión a la que llegó el alcalde socialista de Vilamartín, Enrique Álvarez Barreiro, después de la reunión que ayer mantuvo con el director de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
Son 13 las construcciones que soportan expedientes de derribo abiertos por la APLU, entre casas y naves.
Los propietarios de las casas podrán regularizarlas, aunque para ello deberán presentar el correspondiente proyecto y solicitud de licencia municipal en el Concello, explicó el alcalde. El nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dejó abierta esta posibilidad, al incluirlas en suelo urbanizable.
A su vez, los dueños de las naves podrán legalizarlas desarrollando el plan parcial. Enrique Álvarez explicó que el problema de Arcos, donde una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el suelo industrial, será resuelto con un informe y su aprobación plenaria. El citado documento deberá ampliar a todo tipo de usos, los previstos en el PXOM aprobadó limita a cuatro: castañas, piedra, reparación de vehículos y transporte.
El problema de las multas es más grave. Estas son acumulables y aumentan mientras no se resuelva el problema. Sus cuantías son muy elevadas, con particulares que deben abonar hasta 80.000 euros. El director de la APLU, José Antonio Cerdeira, explicó que los afectados deberán negociar individualmente con la Agencia Tributaria. "No está en manos de la APLU. Tendrán que pagar a Hacienda", dijo el alcalde, quien añadió que está dispuesto a acompañarlos si lo solicitan al Concello.
