La ley solo permite cuatro educadores al servicio municipal de O Barco y obliga a cerrar un aula
Las limitaciones de la Guardería municipal de O Barco quedaron patentes en la selección de los admitidos y la lista de espera para la matrícula de 2015-2016. De los 28 solicitantes de plazas para niños con edades entre 1 y 3 años solo podrán ir 11, los 17 restantes quedaron fuera por falta de personal. Donde sí hay vacantes es entre los de 0 a 1 años, pues solo fueron inscritos 3 solicitantes, de un total de 8 plazas ofertadas. La denominada Ley Montoro impide al Concello contratar un quinto educador, necesario para atender la cuarta aula, lo que obligó a cerrarla.
"Mientras no cambie la Ley es imposible ampliar la plantilla", dijo el alcalde socialista, Alfredo García Rodríguez. "Solo hay tres aulas abiertas, a causa de los recortes. Las guarderías públicas deberían estar abiertas a la mayoría de la población. La de O Barco tiene espacio para abrir cuatro aulas, pero no se puede", confirmó la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Xuventude, Natalia Álvarez Diéguez.
En todo caso, las 36 plazas que ofrece la Guardería Municipal no son suficientes para un Concello de 13.899 habitantes, según el dato del Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, en 2013 contabilizó 89 nacimientos, tal y como reflejó el Instituto Galego de Estadística. Son muchos niños para un Concello que solo posee dos guarderías: la municipal y una privada.
El alcalde barquense, Alfredo García, explicó que hace años, Concello y Xunta barajaron la posibilidad de ampliar el edificio, una opción que hoy, con una Ley que impide abrir todas las aulas, no tiene sentido. El primer edil recordó que las competencias en materia de educación y servicios sociales son de la Administración autonómica, según la legislación. "La Xunta debe aclarar quién es responsable del servicio", dijo.
La Consellería de Traballo e Benestar explicó que la educación de las guarderías no es obligatoria. Esta circunstancia permite que haya municipales, de la Xunta, las que son fruto de la colaboración entre concellos y Administración autonómica, entre otras.
