Comenzó a enviar citaciones para declarar sobre las movilizaciones por la carretera de acceso
La presencia de los agentes de la Guardia Civil comienza a ser habitual en la parroquia de San Vicente (Vilamartín). La investigación ordenada por la Fiscalía para determinar la posible existencia de delito en el conflicto de la carretera de acceso tiene bajo sospecha a sus 106 vecinos, con el consiguiente malestar de estos. La labor es lenta, sobre todo en un tiempo en el que muchos habitantes están fuera del pueblo, en sus empresas o en la campaña de recogida de la castaña, según fuentes vecinales.
Un portavoz vecinal, Leopoldo Nogueira González, se quejó agriamente de las identificaciones que los agentes comenzaron a realizar el lunes y que ayer aún continuaban. "Identifícannos. Pídennos o nome, o apelido e o número de DNI (documento nacional de identidad)", dijo. Además, afirmó que los vecinos no solo son interpelados en la calle sino que también son llamados en sus casas. "Van chamando polas casas, petando nas portas. Só piden que se identifique a persoa que abre. Ata señores de 84 anos son identificados. Nin no 36 sucedía isto!", añadió.
Los vecinos comenzaron a recibir las citaciones por los hechos ocurridos en las últimas semanas, a raíz del hundimiento del principal acceso de la carretera OU-807. Leopoldo Nogueira será uno de los primeros en acudir al cuartel de la Guardia Civil de A Rúa para prestar declaración. Sin embargo, no hace responsable de esta situación a los agentes. Su mirada se dirige hacia la Diputación provincial y argumenta que denunció la retirada del quitamiedos que cerraba el paso en el tramo de acceso afectado por el hundimiento del terreno, entre los kilómetros 7,597 y 7,706. La intención del organismo provincial de realizar una "reclamación de responsabilidade patrimonial" parece apuntar en esta dirección.
Sin embargo, la Diputación podría no tener nada que ver en el inicio de una investigación que, según fuentes consultadas por este diario, procede de una orden de inicio de diligencias que dictó la Fiscalía de Ourense. Ante los indicios de que los hechos puedan ser constitutivos de delito, el fiscal decidió ordenar la investigación.
La carretera OU-807, principal acceso a San Vicente, comenzó a hundirse hace dos décadas y los vecinos llevan años reclamando su arreglo. En septiembre, la aparición de grandes grietas sobre la calzada llevó a la Diputación provincial a colocar una valla para cerrarla a los vehículos, aunque la siguen utilizando a pesar de las señales que prohíben la circulación en el tramo. El vial alternativo construido por el organismo provincial no convence ni a los vecinos ni a las canteras Pizarras Gallegas y Pizarras Salgueiro, que usan la infraestructura para acceder a sus explotaciones.
Los vecinos protestaron cortando el tráfico en la carretera, en un punto que también impedía acceder a la tercera cantera presente en el conflicto: Cavima. Situada en la zona inferior de la ladera del acceso, los vecinos la culpan de sus deficiencias a pesar de que la empresa descarta cualquier responsabilidad. Las protestas fueron acompañadas de la retirada de la valla de la Diputación.
