La denuncia por parte del grupo socialista por los problemas relacionados con la potabilización del agua ha sido admitida a trámite por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia del municipio trivés
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de A Pobra de Trives (Ourense) ha abierto diligencias contra el alcalde popular de O Bolo, Manuel Corzo, por un posible delito de prevaricación administrativa por problemas relacionados con la potabilización del agua.
La jueza instructora sostiene en su auto que los hechos "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa", delito que podría acarrear penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.
El concejal socialista, Juan Ferreira, ha mostrado su "satisfacción" por la admisión a trámite de la denuncia impulsada por los socialistas. "Es un paso para que se haga justicia" ha aseverado este edil, quien ha instado al alcalde a que se vaya por "dignidad democrática".
Así, ha recordado la lucha mantenida por los vecinos en los últimos diez años "encontrándonos siempre con la negativa del alcalde". Esta situación ha acarreado que estos vecinos del pueblo de las Ermitas no tengan agua potable.
El grupo socialista, a través de su concejal Juan Ferreira, había denunciado supuestas irregularidades por parte del alcalde en la potabilización del agua y le acusaban de "obstrucción" para solventar este problema derivado de la traída aún cuando era "conocedor" del citado problema desde hace una década, según apuntaban.
Por otra parte, los socialistas han recordado que no se trata de la primera investigación judicial abierta contra él. El PSdeG-PSOE había presentado otra denuncia contra el alcalde por otro posible delito de prevaricación por no facilitar información y la documentación requerida dentro de las "labores de control" de la activad política. Esta instrucción que continúa su curso.
De hecho, el propio Valedor do Pobo llegó a abrir una investigación por estos últimos hechos. Esta estaba relacionada con la falta de documentación solicitada por los socialistas desde noviembre de 2014 y la ausencia de convocatorias de plenos extraordinarios.
