El Estado español está invirtiendo múltiples recursos para publicitar, interna y externamente, el excelente nivel de su democracia, la separación de poderes, la independencia judicial, etc.
Que un estado ejerza esta actividad de propaganda, es debido al reconocimiento de su propia debilidad o, más bien, a la voluntad manipuladora para tapar sus propias vergüenzas. Pero no hay campaña posible que pueda contrarrestar el hecho de tener a los representantes políticos y líderes sociales catalanes en prisión preventiva desde hace más de un año, en base a una instrucción fabulada.
En el juicio, con un tribunal escogido para la ocasión, se cumplen los formalismos de cara al exterior, pero vulnerando los derechos básicos de los presos: idiomáticos (no se les permite testificar en su lengua propia, el catalán, sino que tienen que hacerlo en su segunda lengua, el español, por no haber traducción simultánea) y el cuidado de sus condiciones físicas (durante varios meses deberán realizar semanalmente cinco o seis largos desplazamientos desde la prisión en malas condiciones, y al finalizar la sesión, volver a la prisión, para adaptarse a los horarios de la misma; con lo que se dificultará el contacto con sus abogados).
Aplicar la normativa habitual a un procedimiento que durará meses, sin considerar que el agotamiento físico y psíquico de los acusados incidirá en su propia defensa, deja en evidencia una Justicia que busca ratificar un castigo ejemplar decidido de antemano.
