El índice de precios en España se ha disparado en junio hasta un 2,3 por ciento, tres puntos por encima de lo que aconseja el Banco Central Europeo. Es un aviso de lo que puede suponer el incremento de la presión fiscal, especialmente sobre los combustibles, que prepara el Gobierno. Más si tenemos en cuenta la política actual de indexación de salarios y pensiones, y la pérdida subsiguiente de competitividad. En mi opinión, la lucha contra el riesgo inflacionista sí debería ser una prioridad de los actores económicos.
