No habrá una nueva Ley de Universidades –como la recién aprobada Lomce–, pero sí reformas parciales. Entre ellas, el Gobierno prepara un nuevo sistema de acreditación del profesorado que verifique con otros parámetros la calidad de los docentes para acceder a las plazas. Esta medida permitirá que las universidades tengan libertad para la contratación, algo que actualmente sólo puede ejercer el Estado. A medio y largo plazo se busca un sistema de financiación unido al resultado de cada centro educativo.
