“Con la educación no se juega, ni con la libertad de elección de las familias tampoco” (Rebelión de los padres de alumnos de centros concertados).
El reconocimiento y respeto de la libertad ha sido, históricamente y continúa siendo en la actualidad, un reto permanente. La liberación de la esclavitud, el reconocimiento de derechos individuales y sociales (...), libertad y libertades que en la edad moderna y contemporánea se han expresado de diversas formas y en múltiples declaraciones.
Cervantes expresó la importancia de la libertad, con estas palabras: “Por la libertad y por la honra, amigo Sancho, hay que aventurar hasta la vida”. ¿Qué mueve a tal empeño? ¿Por qué se sitúa su defensa, incluso, hasta arriesgar la vida? Posiblemente a la conciencia de que la libertad es una potencialidad esencial del ser humano, que si es privado de ella, queda reducido a mera ‘cosa’ a un ser inferior.
¿Cómo garantizar la libertad de enseñanza – educación? Con cierta unanimidad se contesta: reconociendo la dignidad de cada persona, y en los primeros años, dando prioridad a los padres/tutores, y también con iniciativas sociales. El Estado y las Administraciones públicas, cuya razón de ser es favorecer la justicia, tienen una función subsidiaria o de suplencia; así se ha entendido también en otros ámbitos como el económico y el cultural.
Cuando se ha negado la libertad, encontramos las dramáticas experiencias de los totalitarismos.
Son expresiones de libertad en el ámbito de la enseñanza: que los padres puedan educar a sus hijos conforme sus convicciones morales y religiosas; que puedan elegir centros sin ser discriminados; libertad para crear, organizar y dirigir centros educativos; libertad de los profesores para trabajar en la búsqueda de la verdad desde la sinceridad y la competencia profesional; libertad de los alumnos para el desarrollo de sus capacidades y de la participación; libertad de las personas, individualmente y asociadas, para colaborar en el funcionamiento de los centros de enseñanza y en las políticas educativas.
Para ello, los estados han de favorecer las iniciativas en este ámbito, por razón de justicia y libertad. Se puede conseguir con centros estatales y centros autónomos, ambos de interés público por su contribución al desarrollo de las personas y de la sociedad.
