En política están las conciencias del bien y las “otras”. Las del bien “a pesar de la ley” quieren administrar el interés general sin hacer daño. Las otras, quieren hacer la ley para intervenir el interés general, a pesar del daño que hacen.
Gobernar bien en conciencia es un ejercicio de equidad, valentía, y generosidad, para dirigir, educar, proteger, respetar, etc., y fomentar el sosiego de los pueblos.
La ley de “otras conciencias” – decreta competencias y atribuciones para presionar, expropiar, desahuciar, – reduce derechos, y maltrata a los ciudadanos.
Los partidos políticos (siembran seducciones, cosechan votos y pasta) parecen agencias de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Los efectos adversos de su burocracia, y su incongruencia democrática, han convertido las instituciones en tinglados de mercadeo trapacista, dedicados a la prestidigitación y otras marrullas esotéricas propias de tramperos. Buscan la máxima rentabilidad sin escrúpulo, a costa de urnas y sudores ajenos, y desconsideran el sufrimiento que causan a los paganos. Concurren a los comicios para conseguir puestos de mando que les permitan imponer su ley, y después lo festejan a lo grande. Es como si quisieran burlarse de los votantes; siguen sin entender que son elegidos para gobernar bien, y no para imponer tanto dominio.
La crisis, cultivo de especulaciones financieras, fluye del abuso de poder, y es la consecuencia de alimentar empresas privadas de gestión pública, partidos, y sindicatos, con el reparto de subvenciones. Esa forma de administrar es propia de fascistas, caciques, y racistas. Su cinismo (verdugo de la razón) intoxica la verdad, remite sus arterías al candor de la inocencia, y atribuye sus vicios a errores humanos, para que su culpa se difumine en los archivos del perdón. Pero el perdón –la justicia, educación, o sanidad – (entre otros derechos) al depender de la economía, del rango, y del estatus de cada persona, no se aplica igual para todos. Los mandantes “como camaleones”, camuflan su perversión en los teclados, y fueros inmorales, de la impunidad. Los mandados estamos sometidos a la fraudulencia, y a la fatiga degradante, ordenada desde la indecencia de sus nubarrones mentales. Para impedir que la corrupción siga trepando con sus tentáculos por las arcas del erario, hay que obligar a los mandos y cargos públicos a trabajar con dedicación exclusiva.
Pero antes, hemos de elaborar dos leyes: una de incompatibilidades bien reglada, y otra, sin ambigüedades, para la independencia de poderes del Estado. Entonces reinará la democracia, la libertad, y el trato de empatía congruente con el bienestar social.
