El abogado del regidor de Xinzo pidió que se investigue al exsecretario por falsedad documental
Tras cinco días de juicio por prevaricación administrativa continuada, el proceso contra el alcalde de Xinzo, Antonio Pérez Rodríguez, quedó visto para sentencia en el Penal 1. El inculpado aprovechó su derecho a la última palabra para virar responsabilidades y dejar claro que sí lee -la fiscal le espetó lo contrario a lo largo del juicio en varias ocasiones-. "Si no leyese no le daría la vuelta a la situación de quiebra del Concello o dirigiría una empresa", aseveró. Y matizó: "Lo que no leía era lo que me pasaba un amigo -en alusión a los expedientes de contratación ilegales que lo sentaron en el banquillo y al exsecretario-, porque confiaba en quien me tenía que asesorar". Más aún, su abogado en el trámite de informe pidió a la jueza deducir testimonio para abrir diligencias al exsecretario por falsedad documental.
Tanto la fiscal como la acusación popular que ejerce la CIG responsabilizan de lleno al mandatario local de nueve contratos sin publicidad entre 2011 y 2013, pese a las advertencias de Secretaría e Intervención, privando así el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Por esta razón, ratificaron su petición de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La fiscal fue tajante cuando en su exposición aseguró que "solo el dedo del acusado era el que señalaba a quién se contrataba (...)". Un dedo que solía apuntar hacia personas "con militancia en el PP". A su entender, no se trata de una mera ilegalidad sino que "de forma notoria y grosera se pisotearon principios constitucionales", por eso reclamó una"condena ejemplarizante para acabar con la idea de que en los ayuntamientos es el alcalde es el que decide a quién, cómo y por cuánto tiempo se contrata,manteniendo una cadena de favores para mantenerse en el poder".
Por su parte, el letrado del inculpado incidió en la supuesta "deslealtad" del exsecretario. En su opinión, no informó al regidor sobre las irregularidades de las contrataciones, y hubo casos en los que no realizó los informes de reparo hasta "ocho y nueve meses después", con simulación de fechas incluida, según dijo. Por ese motivo, el alcalde justificó haber precintado en su momento su ordenador.
Respecto a las advertencias por escrito de la interventora en este mismo periodo, la defensa aclaró que en todos los casos se trata de reparos a nóminas y "no hay ni un reparo por ilegalidades".
Por su parte, la acusación popular interesó que la sentencia ordene deducir testimonio a otros miembros de la junta de gobierno (ediles) que, tal como recocieron algunos testigos, sugerían nombres.
La abogada recordó, tal como explicó el exsecretario, que los reparos de ilegalidad no sólo se formularon por escrito sino también de forma oral. "Non é crible que non lese ou oíse", dijo, para ironizar con que "tampoco falaba coa exconcelleira de Persoal" (esta última situó claramente a Pérez como el máximo responsable de las contrataciones).
La acusación trajo a colación las 18 sentencias que anularon contrato en la jurisdicción contenciosa administrativa y en las que se aprecia desvío de poder.
