Al no ser susceptible de legalización, la vivienda tuvo que ser demolida
Jesús B.V. fue condenado por el Juzgado de lo Penal 1 a un año de prisión y 12 meses multa a cinco euros al día por promover la construcción en diciembre de 2014 de una vivienda unifamiliar en Ordelles (Pereiro de Aguiar) sin licencia municipal así como sin autorización urbanística de la Xunta, ya que se levantó en suelo rústico de protección ordinaria, tal como consta en el Plan Xeral de Ordenación Municipal del año 2000. Todo ello pese a las advertencias de la arquitecta municipal en enero de 2015 y la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
La casa tuvo que ser demolida (los gastos ascendieron a 12.769 euros) porque no era susceptible de legalización, ya que la construcción de una vivienda sin vinculación a explotación agropecuaria constituye un uso prohibido en suelo rústico de protección ordinaria.
