Corría el año 1588 cuando el buque insignia de la flota española, el San Martín de Portugal, comandado por un hombre barbudo de 38 años de edad, condecorado con la insignia del Toisón de Oro, la más elevada orden de la caballería española, alcanzaba las costas inglesas.
Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duodécimo señor y quinto marqués de Sanlúcar de Barrameda, noveno conde de Niebla y séptimo duque de Medina Sidonia, era el capitán general del mar océano dominado por el imperio español. Y los ciento veinticinco barcos y treinta mil hombres de la Armada estaban bajo su mando directo. Lamentablemente Don Alonso Guzmán el Bueno no tenía experiencia en la guerra marítima. El resto es historia.
Corría el año 2017 cuando cuatro cruceros, muy bien pertrechados con dibujitos de Piolín, acuartelaban un operativo diseñado quizás por otro hombre barbudo que sí debería tener experiencia tras el 11M, y el 9N. Pero esto todavía no es historia.
Los que amamos la Historia de España con sus grandezas y sus miserias nos preguntamos si este señor barbudo ya ha cumplido con su obligación de defender a España, o si la Armada Piolín era todo lo que tenía que ofrecer. Creemos, o al menos así yo lo pienso, que existen pertrechos más sólidos que la Armada Piolín.
El estado social y democrático de derecho le dota de múltiples instrumentos para defenderlo, sea el Art. 155, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (porque no olvidemos que se está abandonando a su suerte a 5,5 millones de ciudadanos catalanes y por lo tanto españoles, que no participaron del butirreferéndum, a todas luces ilegal, bien por no haber alcanzado la mayoría de edad, bien por no sentirse identificados con esa pantomima), la declaración de estado de excepción, o cualquiera de los instrumentos que considere oportunos.
Bien es cierto que no todo está en sus manos, todo el mundo debería desarrollar con honestidad su trabajo, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, y no incurrir en dejación de funciones. El Ministerio Fiscal como garante de la legalidad, el Poder Judicial en su ámbito jurisdiccional, y la prensa como fedatario de todo lo que ocurre. Pero para que los instrumentos del Estado de Derecho funcionen tiene que haber convicción en que existe tal Estado. Si cada uno mira para otro lado nos quedaremos sin Estado y sin más historia que contar.
Porque el 1 de octubre de 2017, una minoría de españoles que no llega ni a dos millones, ha burlado y pisoteado su propio Estatuto de autonomía, la Constitución española de 1978, una sentencia clara del Tribunal Constitucional, y cualquier atisbo de legalidad y decencia.
