El tribunal ha advertido que en caso de incumplimiento de la sentencia, "se podrán imponer multas coercitivas" de 150 a 1.500 euros
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha ordenado al Ayuntamiento de Verín ejecutar de forma forzosa en un plazo "improrrogable" de un mes la sentencia firme del 31 de enero de 2018 en la que se acordó "estimar el recurso interpuesto por la CIG frente a la inactividad del Ayuntamiento de Verín por no llevar a aprobación plenaria los acuerdos de la mesa general de negociación del 6 de julio del 2016".
Según recoge la sentencia inicial emitida por el mismo juzgado, dichos acuerdos contemplan la regularización de la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la renovación del convenio colectivo para el personal laboral, del acuerdo regulador del personal funcionario y de las bases de contratación del Consistorio.
Asimismo, el tribunal ha advertido al Ayuntamiento de Verín que, en caso de incumplimiento de la sentencia, "se podrán imponer multas coercitivas" de 150 a 1.500 euros "a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar", así como "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
Contra dicha sentencia cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación. Este deberá ser interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense.
Valoración de la CIG
La CIG ha señalado a través de un comunicado que, "dada la negativa municipal a dialogar", sus miembros están "ansiosos por conocer" la respuesta del alcalde de Verín con el fin de "acordar el tipo de denuncia" que van a interponer "contra quien cree que la institución municipal es de su patrimonio" y "desprecia la democracia".
"De seguir la resistencia a dar cumplimiento a las órdenes de los juzgados, la CIG evaluará la presentación de las correspondientes denuncias para que se sustancien las responsabilidades de estas resistencias por si pudieran constituir delitos de desobediencia o prevaricación administrativa", recoge el escrito del sindicato.
