Esperado era hoy el primer "cara a cara" en una sesión de control entre Mariano Rajoy y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aunque al final el duelo Rajoy-Iglesias tampoco pasará a los anales del parlamentarismo por su intensidad.
Acostumbrados a mil sobresaltos en la vida parlamentaria en el último año, con tres debates de investidura, elecciones repetidas, un líder del PSOE apartado abruptamente, bebés en los escaños y hasta "plantes" al Rey, el Congreso parece que va regresando poco a poco a la normalidad y a sus "usos y costumbres".
Plenos interminables y a ratos tediosos, sesiones de control al Gobierno "bajo control" y sin broncas sobrevenidas, debate parlamentario y discusión política normalizada en definitiva.
El "cara a cara" de Iglesias-Rajoy no pasará a los analeas del parlamentarismo por su intensidad. Lo mismo ha ocurrido con el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, abonado al rifirrafe y a la polémica en la tribuna, que también ha estado hoy comedido y se ha marchado hasta con un compromiso del Gobierno bajo el brazo.
Rufián preguntaba a Rajoy por el uso del preservativo y las carencias en la lucha contra el SIDA y ha salido del hemiciclo con el anuncio del jefe del Ejecutivo de que el viernes se aprobará el reparto de las subvenciones para combatir la enfermedad.
Normalidad al fin.
Pese al "espejismo" que se vive estos días no será desde luego una legislatura sencilla para nadie y mucho menos para el Gobierno de Mariano Rajoy.
En apenas dos semanas de plenos ordinarios, el Ejecutivo ya ha tenido que ver como la oposición en bloque se ha puesto de acuerdo para intentar derruir algunas de sus leyes más polémicas de la pasada legislatura, aprobadas en su día gracias a su pétrea mayoría absoluta.
La semana pasada se inició el derribo de la Ley de Educación, la denostada LOMCE y su calendario de reválidas, y ayer mismo le tocó el turno a la Ley de Seguridad Ciudadana, la no menos vilipendiada "Ley mordaza".
Poco puede hacer el PP cuando se unen el PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas, por mucho que Ciudadanos unas veces le regale una de cal y en otras de arena.
Ya ocurrió en la investidura de Rajoy, imposible sin la abstención de los socialistas, y va a pasar el resto de la legislatura con un PP que tendrá que hilar muy fino y pactar a un lado y a otro para poder sacar adelante sus iniciativas e intentar detener las que no le gusten.
Además de la negociación punto por punto, el PP puede recurrir a vetar la tramitación parlamentaria de aquellas proposiciones de ley de los grupos que considere afectan a los ingresos o a los gastos presupuestarios.
En apenas dos meses, el Ejecutivo ha usado ya este derecho constitucional en catorce ocasiones aunque la Mesa del Congreso -donde el PP tampoco tiene mayoría- se le ha rebelado y ha levantado el veto de dos iniciativas, entre ellas la paralización de la LOMCE, que continúa sin novedad su trámite parlamentario.
Una decisión del Congreso que ha llevado al Gobierno a plantearse seriamente llevar el conflicto al Tribunal Constitucional al igual que pasó en la legislatura pasada con la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse al control de la Cámara.
Esta misma semana el Gobierno ha tirado de veto en otra ocasión, esta vez para intentar paralizar una subida del 1,2 por ciento de las pensiones para el año que viene, medida que según sus cálculos tendría un coste de 1.150 millones de euros.
Conflicto institucional y debate sobre la separación de poderes que va a generar ríos de tinta en los próximos meses pero que se enmarca en la naturalidad de un Congreso en el que no hay mayorías claras y se impone la aritmética variable.
"Bendita normalidad", resumía esta mañana un veterano ujier del Congreso. "Deseando estaba", añadía otro.
Ya veremos lo que dura.
