De un tiempo a esta parte, nuestra Corona, o si lo prefiere, nuestra Monarquía, está teniendo bastante impacto mediático pero no por mor de las actividades inherentes a la misma, sino suscitado desde estamentos políticos. A la propuesta de resolución aprobada por el Parlament de Cataluña por la cual "rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán” y “reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía", hay también que añadir, y en la misma línea, la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de una declaración que aboga por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y al tiempo desaprueba al monarca.
Otra vuelta de tuerca ha sido cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la tramitación de la proposición de ley orgánica de la reforma del Código Penal para “la protección de la libertad de expresión” y que promovió, cómo no, esa mezcolanza de grupos conocidos como Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea… Tiene como objetivo derogar los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, contra la Corona, "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas" y las injurias al Gobierno y a otras altas instituciones del Estado. O sea, vía libre para dar rienda suelta a ataques, obviamente verbales, contra las instituciones del Estado. Ultrajes y ofensas de palabra. Menos mal, podía ser peor. Sin palabras, coherentes claro.
Para los proponentes, esos delitos de oprobio tal y como están ahora tipificados “no tienen cabida en un sistema democrático y plural". Qué van a decir, los consideran “tipos penales totalmente obsoletos”. En algo tienen que sustentar su falaz argumentario. Pero hacen singular hincapié en la Corona: “Delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. Esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión. En un sistema democrático, cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia”.
Y luego nos extrañamos que una diputada navarra podemita se refiera a nuestro actual monarca como Felipe IV o que el mismísimo presidente del Gobierno, en una reciente comparecencia en el Congreso, le llamase Felipe II. Han recuperado a los Austrias dirigiéndose a un Borbón.
La cuestión es que nunca la Corona ha estado tan a flor de piel entre la clase política. Y menos mal que nuestra cumpleañera constitución consagra en su artículo primero que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, esa misma que recordó el otro día la Princesa de Asturias cuando lo leyó, por primera vez en público. Eso precisamente es lo que les molesta a algunos representantes públicos cuyo sueldo procede de las arcas del Estado, ese mismo al que constantemente atacan.
