A Federico Trillo le faltó tacto, cercanía, sensibilidad y solidaridad con los familiares de las víctimas, ante la gran tragedia del Yak-42, inconmensurable, que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban a España tras formar parte de misiones profesionales en Afganistán y Kirguistán.
Ahora, 14 más tarde, aquel grave accidente que levantó tanta polémica desde el mismo día en que se produjo, y que fue analizado y juzgado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha costado al ex ministro de Defensa y ex Presidente de las Cortes, un quiebro en su trayectoria política, el adelanto de su cese como embajador ante el Reino Unido, y dificultades morales para que ocupe la plaza de letrado del Consejo de Estado que ganó por oposición.
Precisamente un dictamen de esa institución es lo que ha provocado que aquel drama volviera al primer plano. Coincide con las sentencias de la Audiencia Nacional, Supremo y Tribunal de DDHH en que se trató de un accidente, provocado por la fatiga de la tripulación, 13 personas que también fallecieron en aquel trágico episodio. Pero el informe del Consejo de Estado añade unos párrafos que han sido mortales de necesidad para Trillo: considera que el Ministerio de Defensa tuvo responsabilidad en los hechos al no garantizar la seguridad del avión a pesar de que previamente se habían recibido quejas sobre los vuelos contratados para realizar el regreso a España de los militares destinados en misiones extranjeras, como tuvo responsabilidad en que la identificación de los restos no se hiciera con el rigor que exigía la situación.
DELITO PENAL
Cuando ocurrió el accidente, se fueron desinflando las acusaciones contra Defensa con informaciones en las que se demostraba que la agencia que contrataba esos vuelos pertenecía a la OTAN, los seguros estaban contratados por la OTAN, eran correctos los informes sobre la profesionalidad de los tripulantes y su estado de salud… pero siempre quedaron pendientes asuntos morales que soliviantaban con razón a las víctimas, sobre todo las relacionadas con la identificación de los restos, que se hicieron en Turquía en condiciones deplorables porque primó la rapidez ante el rigor, hasta el punto de mezclarse restos de diferentes cadáveres en un mismo féretro. Con el informe del Consejo de Estado llegan las consecuencias políticas que se exigían hace trece años, y la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha tenido con los familiares el gesto de cercanía que no tuvo Trillo.
El que fue Fiscal General del Estado con Rodríguez Zapatero, Cándido Conde Pumpido, ha recordado que tres instancias judiciales habían coincidido en que Trillo no había cometido ningún delito penal, pero que no lo hubiera cometido no ha salvado al ya ex embajador. Entre otras razones porque el propio Rajoy tomó la decisión de responder con medidas drásticas ante el resurgir de ese caso que ha provocado tantas lágrimas, además de ríos de tinta y muchas horas en los medios de comunicación audiovisuales.
No existe la certeza de que Rajoy conociera el informe del Consejo de Estado que llegó a Moncloa a finales de octubre. Son muchos los informes que se reciben y es posible que en su entorno no advirtieran que en las más de 80 página había una decisiva, la que responsabilizaba al Ministerio de Defensa del 2003 de no haber actuado con la suficiente eficacia en la contratación de los vuelos para garantizar su seguridad y en revisar la identificación de los restos de los fallecidos en el accidente aéreo.
CONVERSACIONES CRUZADAS
Si bien no existe certeza sobre ese conocimiento del presidente, sí se sabe en cambio que no tenía la menor idea de que el informe había llegado a un medio de comunicación, El País, que lo publicó dándole la relevancia que merecía. Hubo conversación telefónica entre el presidente y la ministra de Defensa, también con Federico Trillo que ya había pedido su relevo al cumplir el tiempo máximo que se fija a los embajadores diplomáticos, aunque él no lo era, y María Dolores de Cospedal tomó dos decisiones relevantes: pedir la comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que los partidos de la oposición pretendían que fuera en pleno, y reunirse con los familiares de las víctimas.
Una reunión que los familiares consideraron de la máxima relevancia pues la ministra, además de tratarles con afecto, les prometió que el ministerio elaboraría un informe en profundidad sobre aquellos aspectos que ellos pensaban que merecían ser revisados. Al día siguiente Cospedal declaraba que asumía las conclusiones del informe, pero también tenía palabras de consideración hacia Trillo.
Nadie que conozca el funcionamiento del gobierno puso en duda que todos y cada uno de los pasos de Cospedal los conocía previamente Rajoy que, evidentemente los apoyaba. Y el primero que era consciente de ello era el propio Trillo, que además había hablado con los dos. Lo que no se esperaba era que el propio Rajoy declarara que también daba por bueno el informe del Consejo.
LA TRASTIENDA
Que la gestión de aquella crisis en el 2003 no fue la adecuada parece que no lo duda nadie, aunque hay que reconocer que los hechos demostraron que no era España el único país de la OTAN que daba por buenas las gestiones de la agencia Namsa para organizar los viajes de los vuelos de los militares que participaban en misiones extranjeros. El accidente del Yak provocó mayor control de la seguridad de esos vuelos, que España se negara a mantener sus contratos con Namsa y que desde entonces fuera una compañía de pasajeros y española, la que se ocupara. La última palabra no se ha escrito todavía, pero sí se ha producido un hecho de la máxima relevancia estos días: un gobierno del PP se solidariza con los familiares de las víctimas del Yak y les promete una investigación interna en profundidad. Y el ministro de Defensa de entonces, se aparta de la primera línea.
