El deterioro cognitivo por la edad o personas con enfermedades mentales graves, principales causas para las incapacitaciones
El servicio de protección de personas con discapacidad y tutela de la Fiscalía de Ourense tramita una media de 600 diligencias al año (595 en 2015 y casi 300 en estos cinco meses de 2016) para promover la incapacitación de personas con deterioro cognitivo asociado a la edad (demencia senil o alzhéimer) o enfermedades mentales graves que impiden a los afectados un adecuado gobierno de su esfera personal y patrimonial. Es decir, deficiencias psíquicas o patologías que les limitan en todas o alguna de la facetas de la vida.
La intervención de la autoridad judicial, según recuerda Elena Oviedo, una de las dos fiscales de la provincia que tramita demandas de incapacidades, "tiene como objetivo velar por la protección de las personas" en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, 13 de diciembre de 2006, con entrada en vigor en España el 3 de mayo de 2008.
En la provincia, este tipo de demandas tiene un peso importante en la jurisdicción civil a tenor del envejecimiento de la población (un 30% de los habitantes tiene 65 o más años). El Juzgado de Familia de Ourense (Instancia 6), que da cobertura al partido judicial con más residencias de la provincia, resuelve algo más de 400 demandas al año.
El ministerio público comienza un expediente a través de los informes de servicios sociales (concellos u hospitales) o por las comunicaciones de las residencias -estas últimas reciben visitas periódicas de control por parte de los fiscales y jueces-. Los familiares directos también pueden acudir al juzgado con abogado y procurador, una opción cada vez más presente en las solicitudes.
Las incapacitaciones en Ourense están muy por encima de la media gallega: las propuestas que llegaron a los forenses el pasado año supusieron 170 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Galicia, 127/100.000. La mayor parte, casos de ancianos que viven solos. Para la restricción de derechos, no basta una causa de incapacidad, sino que, además, tiene que darse una situación de desprotección, recuerda Oviedo.
Son los forenses quienes evalúan, a petición de la fiscalía, el deterioro cognitivo. El informe facultativo que emiten, según explica el responsable del Instituto de Medicina Legal en Ourense, Julio Jiménez, valora las habilidades funcionales para llevar una vida independiente (autocuidado); económicas, jurídicas y administrativas (capacidad para tomar decisiones de contenido económico, manejo de dinero, disposiciones testamentarias); salud (manejo de medicamentos, seguimiento de pautas alimenticias); conducción de vehículos y manejo de armas y, por último, las habilidades en relación al procedimiento de incapacidad (su objeto y consecuencias).
La elaboración de este informe no siempre es fácil, reconoce el forense, sobre todo en las fases iniciales de la demencia senil. "Hay personas que viven solas a las que les faltan habilidades, pero tienen capacidad plena para decidir y saber si quieren permanecer en sus casas, aunque no son conscientes del riesgo que puede entrañar para su salud", señala Jiménez. Y añade: "En estos casos, es muy duro limitar su libertad para recomendar un ingreso en un centro asistencial, por eso hay que afinar mucho".
En la sentencia final, se pueden restringir uno o varios derechos fundamentales (manejo de cuentas bancarias, conducir o incluso votar en las elecciones) y validar el internamiento en un centro. "Es una medida para proteger a la persona, por eso es importante evaluar la respuesta en las distintas esferas, personal y patrimonial", apostilla Jiménez, para destacar, que es frecuente, por ejemplo, "limitar a la persona para promover grandes operaciones mercantiles".
Otro problema asociado con las incapacitaciones lo pone sobre la mesa Elena Oviedo: "El que acarrea incapacitar a jóvenes con trastornos psiquiátricos asociados a las drogas o alcohol, cuyas familias se ven desbordadas pero carecen de centros en toda Galicia para su ingreso". La fiscal cree que las administraciones deberían ofrecer más recursos sanitarios para así contar con una red más amplia de ayuda a domicilio, trabajadores sociales y, sobre todo, más recursos en el campo de la salud mental".
