El uso generalizado del cinturón de seguridad sólo fue posible a golpe de multas a pesar de que resulta fundamental para salvar el pellejo en caso de accidente de tráfico. Lo mismo sucedió con el casco de moto. Las campañas de prevención eran tomadas con sordina, como los consejos paternos. El personal seguía fardando con el casco en el codo y el peluquín al viento hasta que comenzaron los rejonazos a los infractores. Los más alocados argumentaban que con la obligación se menoscababa la libertad del personal con la oculta intención de que las compañías de seguros se ahorrasen las costosas indemnizaciones, pero si la vida puede no merecer la pena sin libertad, sin vida la libertad tiene aún menos sentido.
La Policía Local de A Coruña multó a cuatro personas el pasado martes por saltarse la cinta que prohibía el acceso a los arenales por el fuerte temporal de mar. La sanción, si es considerada leve, oscila entre los 100 y los 600 euros. La memez a veces no se cura con la edad, porque algunos de los que pasan de la advertencia son ya talludos, como los que acostumbran a bañarse a diario en Riazor sin importarle el frío o la lluvia. Con la muerte de la joven ourensana Andrea Domínguez reciente por adentrarse en la peligrosa zona de la Coraza durante la madrugada del Viernes Santo para terminar la juerga, otra rapaza pretendió el miércoles seguir el mismo camino. Tuvo la chiripa de que la intervención de la Policía Nacional evitó que el dispositivo de búsqueda esté otra vez en funcionamiento. Los agentes tuvieron que forcejear con la chavala de 20 años para que obedeciese sus órdenes. La resistencia se contempla como infracción grave que conlleva una multa entre 601 y 3.000 euros. Quizá así aprendamos. Quizá.
