Los jueces y los fiscales no son espíritus puros, tiene su alma en su "almario" y su ideología que en ocasiones manifiestan con su adscripción a algunas de las asociaciones profesionales que defienden sus intereses corporativos. En ambos casos las mayoritarias son las de carácter "conservador", les siguen las "progresistas", y las denominadas "independientes" quedan en las posiciones de cola. Estas afiliaciones a unas u a otras, ponen de relieve lo difícil que resulta despolitizar la justicia, por cuanto son los propios jueces y fiscales quienes no ocultan su modo de pensar, del mismo modo que algunos de ellos manifiestan su voluntad de hacer política en el ámbito de su competencia.
A pesar de las criticas por el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, vinculada a la designación parlamentaria y a su juego de mayorías y minorías que se señala como el principal problema de la politización de la justicia, todavía no se ha encontrado otro método mejor de elección. Hay quien prefiere que la elección se produzca solo y exclusivamente entre los propios jueces, que a su vez serían los encargados de proceder a los nombramientos en los distintos órganos judiciales. Si el presiente del Gobierno ha sido llamado como testigo en el proceso por la trama Gürtel es porque hay dos jueces de tendencia "progresista" que han impuesto su criterio frente al presidente "conservador" de la sala, y de ahí la primera reacción de los dirigentes populares contra el tribunal por lo que consideraban un cambio de criterio con respecto a decisiones anteriores, aunque lo que habían hecho era dejar en suspenso su decisión, respecto a la petición de la acción popular.
Esta es otra figura a la que de un tiempo a esta parte se quiere hacer responsable de la politización de la justicia, porque es a la que recurren los partidos para personarse en causas en las que el acusado es un adversario político, y que adquiere su nivel más alto cuando entra en colisión con la decisión de la fiscalía de no presentar acusación. El caso de la infanta Cristina en el "caso Nóos" es paradigmático, de la misma forma que lo fue la del PP en el caso Gürtel -, o ahora en el mismo proceso por los abogados de ADARDE, relacionados con el PSOE. Se puede pedir la revisión de la acusación popular -se trata de una figura constitucional- pero su reforma debe ser objeto de un amplísimo debate político y doctrinal y no hacerse "en caliente".
En cuanto a lo que no hay duda respecto a su politización es en el papel de la fiscalía. Su función es actuar “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley…”, y en ese ejercicio la decisión de los fiscales puede colisionar con los deseos del Ejecutivo y del jefe jerárquico que los manda. Afortunadamente tienen mecanismos para oponerse a las órdenes que reciben cuando consideran que son contrarias a la leyes. El episodio del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, oponiéndose a alguna diligencia de la "operación Lezo" o las decisiones de la fiscalía en el caso de Murcia han venido a poner de manifiesto que los fiscales habrían recibido instrucciones a favor de parte para no investigar o acusar contra el PP. Esta es la politización que han pedido que expliquen en el Congreso dos ministros y el Fiscal General del Estado..
