La vista por el vertido del 2009 finalizó con dos acusados, para los que piden un año de prisión y una multa
La fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, hizo ayer una férrea defensa del Barbaña durante la última jornada del juicio que se sigue desde el pasado día 10 por el vertido contaminante registrado el 24 de junio del 2019, que ocasionó la muerte de 17.030 peces. "Quien contamina, repara", argumentó, al tiempo que pedía una indemnización de 219.849 euros por el daño que causó el vertido en el río, otros 4.000 para compensar el trabajo que realizó la Confederación Hidrográfica y más de 3.000 para el Concello de Ourense. "En el muestreo realizado en el año 2010 en el río quedó demostrado que el cauce aún no se había recuperado del vertido", recordó Carmen Eiró.
La responsabilidad de estas cantidades debe recaer, según pidió la fiscal, el abogado del Estado y la acusación particular que ejerce Ríos Limpios, en la empresa Espina Delfín, concesionaria de la depuradora de San Cibrao y en el Concello de este municipio por no tomar medidas para impedir que el vertido tóxico llegase al agua. "El sistema físico-químico no funcionaba cuando si podía corregir el Ph y minimizar el daño en el cauce", aseguró Carmen Eiró. Su argumento fue compartido por el resto de acusación.
La depuradora no es culpable
Por contra, las defensas pedieron la libre absolución para todos los acusados y para el Concello de San Cibrao, como responsable subsidiario al entender que no cometieron ninguna ilegalidad y que la planta funcionó correctamente.
A este respecto, el abogado de la defensa reprochó las “gravísimas” penas que solicitan las acusaciones - “incluso privativas de libertad”- en lo que ha calificado como el “colmo absoluto del despropósito”. Insistido en que el “único” responsable del vertido es alguna de las empresas del polígono, al tiempo que recordó que el “máximo garante” del dominio hidráulico es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. “El vertido no lo provoca la depuradora”, recalcó el letrado, asegurando que está diseñada únicamente para tratar residuos sólido urbanos o industriales que estén “previamente tratados".
El juicio quedó visto para sentencia con dos acusados para los que piden un año de prisión y una multa de 720 euros.
