Rajoy no estaba quieto. Por su despacho de Moncloa han pasado estos días algunos de los más importantes banqueros y empresarios, autoridades eclesiásticas –entre ellos los arzobispos de Madrid y Barcelona-, periodistas con mando en plaza, profesionales del Derecho y políticos con años de experiencia a sus espaldas.
Ha hablado por teléfono con dirigentes de la UE y primeros ministros europeos más veces que las que suman todas las conversaciones mantenidas en sus seis años de gobierno, y el contacto con Pedro Sánchez y con Albert Rivera ha sido continuo. No han faltado tampoco conversaciones telefónicas con Ortúzar y Urkullu, no solo para hablar sobre el posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, sino fundamentalmente para cambiar impresiones sobre lo que ocurría en Cataluña. Y no ha sido Urkullu el único gobernante regional que ha hablado con Rajoy en estos últimos días.
Presión. La estrategia de Rajoy para neutralizar el desafío independentista ha sido meter presión a la Generalitat para obligarle a cambiar sus planes y su calendario. Sin ninguna duda, lo que más ha descolocado a Puigdemont, más incluso que la acción de la Justicia, que la esperaba, ha sido el anuncio del Banco Sabadell de que cambiaba su sede a Alicante, y la sospecha de que a corto plazo podrían hacerlo también las más importantes entidades catalanas, obligadas a velar por su supervivencia, que pasa necesariamente por mantenerse dentro del cobijo de la UE y del euro que, en contra de lo que aseguraban los independentistas, no acogerían en su seno a una Cataluña independiente.
SUS PROPIOS TIEMPOS
Rajoy, a los miembros de su Gobierno que no disimulaban su intranquilidad, y algunas otras figuras relevantes de la política y la empresa, les aseguraba que sabía lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y cuándo lo tenía que hacer. Sus adversarios suelen decir que su famoso manejo de los tiempos consiste en quedarse quieto a la espera de que otros cometan errores. Ha sido así en algún momento, por ejemplo cuando Pedro Sánchez se postuló para ser presidente después de haber tenido el peor resultado de la historia del PSOE. Rajoy efectivamente no se movió mientras el líder socialista movía sus piezas tratando de alcanzar la mayoría necesaria, que Rajoy estaba convencido que no iba a conseguir. Sánchez no fue investido presidente y además perdió traumáticamente la secretaría general de su partido.
En esta ocasión la actitud de Rajoy ha sido muy distinta, no ha parado ni un solo momento en tomar iniciativas para abortar el llamado procés, pero lo ha hecho de manera que los golpes se produjeran en el momento exacto en el que se debían producir.
La Abogacía del Estado le ha preparado todo tipo de informes sobre cómo se podía responder con los resortes institucionales y legales a la Generalitat y al Parlament, para no cometer ningún error. El Tribunal Constitucional ha puesto pie en pared, de forma unánime, contra el intento de golpe de Estado diseñado por Puigdemont y Forcadell; la Fiscalía General del Estado no ha dudado en presentar las querellas pertinentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o la Audiencia Nacional, para que actuaran contra los disidentes y los obligaran a responder ante la Justicia. En la Audiencia Nacional es posible acortar los plazos de actuación, pero en el TSJC se deben a respetar los que marca la ley para presentar recursos y alegaciones, y también Rajoy –que además cuenta con formación profesional sobre el mundo del Derecho- ha tenido informes sobre su mesa relacionados con la manera de llevar al mínimo esos plazos.
QUÉ SIGNIFICA EL 155
Una de las muchas exigencias que reiteran los sectores más conservadores de la sociedad, más activos que nunca estos días contra Rajoy, es la abolición de la autonomía catalana y el envío del ejército aplicando el artículo 155, y que se detenga a Puigdemont antes de que se produzca la Declaración Unilateral de Independencia.
Solo necesitan esos sectores leer la Constitución para ver que el 155 no anula la autonomía sino que da atribución al Gobierno para asumir las competencias del Gobierno autonómico que no ejerce con la obligada responsabilidad. En cuanto a la detención de Puigdemont, nadie duda que llegará, pero sería un desprestigio para la Justicia española, para el Gobierno español y para la imagen internacional de España, que se hiciera al margen de lo que marca la ley. Es una de las razones por lo que ha sorprendido desagradablemente en Moncloa y en la calle Génova, y ha sorprendido también tristemente, la intervención de Aznar utilizando la no aplicación del 155 como arma arrojadiza contra Rajoy. Un presidente de su partido, y elegido por él personalmente, sin tener en cuenta entonces el criterio mayoritario de su partido, para sucederle como candidato a la presidencia del Gobierno. Aznar, decían este jueves pasado en Moncloa, estaba más obligado que nadie no solo a apoyar a Rajoy, sino a conocer la Constitución y las leyes. Y debería saber, como ex presidente, que España podría ser incluso expulsada de la UE si no se atiene a las leyes y a lo que exige una democracia.
EL PAPEL DE CADA UNO
Guindos ha mantenido una actitud muy activa en estos días, con el encargo de centrar su trabajo sobre el desafío independentista en el área económica. Se ha volcado en explicar las consecuencias de la salida de Cataluña de la UE, y a él se debe la iniciativa de llevar al Consejo de Ministros el decreto que permite a las entidades cambiar de sede sin necesidad de convocar previamente a las juntas de accionistas. A Rajoy le correspondió en cambio la tarea de convencer a Sánchez y Rivera de la necesidad de aprobar ese decreto en su trámite parlamentario. Soraya Sáenz de Santamaría, como siempre, ha actuado como brazo derecho de Rajoy y coordinadora de los diferentes ministerios, así como mantener el contacto diario con el delegado del Gobierno Enric Millo; Dolors Montserrat ha sumado a sus tareas de ministra las de convertirse en la transmisora al Gobierno de cómo respira la ciudadanía de a pie de Cataluña, pues sigue viviendo en Cataluña aunque reside ahora en el ministerio de Sanidad y es mujer que conoce muy bien las distintas esferas sociales catalanas.
LA RUMOROLOGÍA
La próxima semana llega con una fecha marcada, el lunes 9, fijada para la Declaración Unilateral de Independencia.
De lo que ocurra ese día dependerá que Puigdemont culmine su llamado procés o que se inicie su derrumbe. Se rumorea que el presidente de la Generalitat puede ser detenido en cuestión de horas, que varios consellers van a abandonar el Gobierno catalán –de momento Santi Vila ha declarado su rechazo a la DUI-, que Forcadell va a ser la primera en ingresar en prisión, que se aprobará en el Senado el 155, que Puigdemont será relevado en la Generalitat... Rumorees, especulaciones. Lo que pueda ocurrir solo Rajoy lo sabe. Porque la Justicia tiene mucho que decir, pero el Gobierno también. Y lo que Rajoy quiere hacer, sabe lo que es y cuándo hacerlo.
