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El parentesco

Establece que aquel acuerdo del ex alcalde obvió que la promotora cumpliese la normativa justificando ser la propietaria de al menos el 50% de los terrenos (porcentaje imprescindible para promover la Junta de compensación urbanística) y, aunque precisa que la aprobación de la junta de gobierno era un ‘mero trámite’, como alegó el Concello en su momento, el edil Rodríguez Nóvoa, entonces concejal de Personal en el Consistorio, devió haberse abstenido por su relación de parentesco con vendedores de parcelas en ese área de reparto. ‘Si bien es cierto que el acto de certificación en el que intervino es de mero trámite, no lo es así su intervención y su voto en la junta de gobierno pues (...) aunque no fue decisorio, se considera que debió abstenerse’.

Aprovechamiento urbanístico ‘desproporcionado’

La denunciante reclamó la declaración de nulidad de la decisión del ex alcalde porque se catalogaba el suelo como urbano no consolidado pero también porque, a su juicio, se produjo una infracción en la ordenación de los distritos urbanísticos del norte de la ciudad, faltándose al ‘principio de proporcionalidad entre volumen edificable y dotación de espacios verdes públicos’.

La juez desestimó el primer argumento pero no así el segundo, reconociendo que, ‘efectivamente’, como señaló el perito judicial, son ‘muy desproporcionadas las cantidades de los aprovechamientos urbanísticos entre las distintas áreas de reparto (...) sin que la entidad demandada -el Concello de Ourense- haya acreditado razones técnicas y/o jurídicas suficientes para la existencia de esas diferencias entre las distintas áreas de reparto’.

Con respecto a la titularidad de la propiedad, la resolución judicial señala que éste debía haberse aportado en el momento de la aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación, no con posterioridad pues ‘existen numerosas dudas en torno a los documentos presentados’. Era, pues, un ‘requisito esencial’, como manifestaron ante el juez dos técnicos municipales que testificaron en el pleito. El trámite ha sido devuelto a la fase de exposición pública.