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Galicia se adhirió hoy al convenio del 'Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de la Justicia (EJIS)', lo que permitirá aumentar la efectividad en la aplicación de las nuevas tecnologías.

Francisco Caamaño, Carlos Dívar y Cándido Conde-Pumpido. (Foto: Juan M. Espinosa)

Este acuerdo, que suscribió hoy la secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Mar Pereira, tiene su punto de partida en el mes de septiembre, cuando se puso en marcha en virtud de una firma entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar; el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Con esta iniciativa, se pretende reforzar la colaboración en relación a las tecnologías de la comunicación y de la información en el ámbito judicial entre las instituciones mencionadas y las comunidades autónomas que se inscriban. Además de Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias, Valencia, Navarra, Madrid, Cantrabia, Asturias y Aragón también participan en este programa.

La puesta en marcha del EJIS persigue el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, mientras que las comunidades autónomas participantes se comprometen a trabajar colegiadamente y a compartir esfuerzos para alcanzar el objetivo común de que los sistemas de información de la justicia puedan interoperar adecuadamente.

En este sentido, la Xunta pretende 'reforzar' su compromiso con el proceso de modernización de la Justicia, ámbito en el que ha trabajado en los últimos meses a través del desarrollo del plan de medidas urgentes y ahora con el próximo inicio del plan de sistemas de tecnologías de la información para la Justicia.

APROVECHAMIENTO TECNOLOGÍAS

Asimismo, el Ejecutivo autonómico persigue que la interoperabilidad y seguridad contribuyan a mejorar la eficiencia de los servicios públicos de atención al ciudadano y el propio funcionamiento interno de la Administración de la Justicia. A mayores, busca evitar la duplicidad de esfuerzos, lo que permite a las administraciones competentes que puedan 'cooperar en la resolución de los procedimientos', al tiempo que colaborar en dotarse de los medios para ello.