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La Junta de Personal Docente de la provincia de Pontevedra --que representa a más de 11.000 profesores-- aprobó por 'amplia mayoría' una resolución en la que 'suspenden' y califican de 'muy deficiente' la actitud del juez del juzgado número 6 de Alcorcón, que argumentó contra la custodia para una madre y rechazó su traslado a Vigo porque sus hijas estarían escolarizadas en un centro público y en gallego.

Precisamente, el texto de la resolución --redactado a modo de evaluación escolar-- critica que dicho juez 'desconoce total y absolutamente' el artículo 3.3 de la Constitución Española, en el que se reconoce la 'protección de todas las lenguas oficiales' del Estado.

Así mismo, recuerdan que, en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 'toda persona tiene todos los derechos y libertades' sin distinción de su idioma o cualquier otra naturaleza y que el Estatuto de Autonomía de Galicia erige al gallego como 'lengua propia' de la Comunidad Autónoma.

El auto rechazó hace unas semanas el traslado de la madre a Vigo (vivía en Alcorcón con su pareja de la que está separada) debido al 'peligro de desarraigo que se extiende a su ámbito escolar, pues las menores han estado escolarizadas desde hace muchos años' en un colegio privado, para 'ahora verse escolarizadas en centros públicos con inmersión en un sistema escolar en lengua gallega'.

El mismo texto, consideró que el idioma propio de Galicia constituye 'una lengua distinta a la que han sido escolarizadas hasta ahora, que más allá del ámbito de aquella Comunidad Autónoma no se aprecia que tenga ninguna otra utilidad práctica'.