Sábado 11 de febrero de 2012
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La Policía recibe órdenes secretas para iniciar la expulsión de inmigrantes a ‘la mayor brevedad’
El PP esperará a que el Gobierno ofrezca una explicación de la circular, al ser un “tema delicado”
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Las unidades de Extranjería y de Fronteras de la Policía Nacional han recibido una circular firmada por el comisario general y calificada como secreta para que se proceda a tramitar los expedientes de expulsción de inmigrantes irregulares “a la mayor brevedad posible”. El texto cita la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, de 1992, que obliga a todos los extranjeros a acreditar su situación en el país. El PP afirmó que esperará las explicaciones del Gobierno, sin valorar la circular, al ser un “tema delicado”.
Un policía muestra los papeles intervenidos a una red de falsificación de permisos para inmigrantes. (Foto: Archivo)
La Dirección General de Policía y Guardia Civil ha difundido una circular “de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía” en la que ordena que los expedientes de expulsión de extranjeros se inicien a la “mayor brevedad posible” y que sean trasladados a dependencias policiales los inmigrantes que en un control de documentación no puedan acreditar que residen legalmente en España. Esta circular, firmada el 25 de enero por el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda, tiene un carácter especialmente reservado y así queda reflejado en todas y cada una de sus 29 páginas, en las que se puede leer un recuadro que indica: “Documento de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión o publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades”.
El documento persigue “abordar de la forma más concreta posible las previsiones legales que fueron y son objeto de mayores controversias y las actuaciones policiales que las mismas posibilitan o imponen realizar” desde la entrada en vigor, el pasado mes de diciembre, de la nueva Ley de Extranjería.
Acreditar su legalidad
Sin embargo, el texto cita otra ley, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 1992 y según la cual todos los extranjeros que se encuentren en España “tienen la obligación de acreditar que se hallan legalmente”. Según la interpretación que se da en la circular, esa ley permite a los agentes trasladar a dependencias policiales a los inmigrantes que no puedan cumplir con la citada “obligación”. El texto recuerda a los agentes que tienen dos opciones para trasladar a comisaría a un extranjero no identificado: conducir al individuo a efectos de identificación o llevarle en calidad de detenido, de forma que el inmigrante sería privado de libertad en dependencias policiales mientras se realizan las actuaciones necesarias para probar si se encuentra o no regularmente en España y cuáles son sus circunstancias.
Según la circular, esto supone una detención preventiva y por tanto no puede prolongarse más allá de 72 horas, tiempo durante el que el funcionario deberá dar luz verde al llamado “acuerdo de iniciación” que pone en marcha el procedimiento de expulsión, ya sea por el proceso ordinario, que da un tiempo al extranjero para abandonar voluntariamente el país, o por el preferente. En cualquier caso, este trámite deberá hacerse a “la mayor brevedad posible”, afirma.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, espera que el Gobierno ofrezca una explicación sobre la circular. “Como el tema es delicado, vamos a esperar a que esa explicación se produzca antes de entrar en profundidad en este tema”, declaró Pons.
Negación de asistencia jurídica
Para acortar tiempos, la circular recuerda la figura de la “delegación de la firma”. Según explica, se trata de una medida “eficaz” establecida en el año 2000 “para que en los casos de ausencia del titular del órgano competente para dictar el acuerdo de iniciación del expediente sancionador de expulsión, no se demorase la permanencia del extranjero en la Comisaría sin haberse adoptado dicho acuerdo”.
En este sentido, aclara que actualmente “de forma expresa el artículo 115 del Reglamento de Extranjería atribuye la competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador a: el comisario general de Extranjería y Fronteras, al jefe superior de Policía, a los comisarios provinciales y a los titulares de las comisarías locales y puestos fronterizos. En suma, todos los titulares de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía”.
Otro de los asuntos a los que hace referencia esta circular es el derecho que tiene el extranjero de hacer constar su voluntad de recurrir su expulsión como requisito para disfrutar de asistencia jurídica gratuita. “Sobre este particular se recuerda que en tanto en cuanto no se dicte el Reglamento de esta Ley, en el que se concretará la forma en que ha de cumplirse (...) lo más fácil es entender que en tanto en cuanto no se produzca este nacimiento normativo no es obligado su cumplimiento”.
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