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Los gobiernos de once comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, entre ellas Galicia, han exigido al Gobierno central una nueva política en materia judicial con un mayor incremento de jueces y secretarios judiciales frente a nuevos juzgados, así como una política común en la organización y financiación de la nueva oficina judicial.

En este sentido, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat valenciana, Paula Sánchez de León, ha informado del acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias, Aragón y Madrid, durante la reunión de la comisión de las CCAA con competencias en materia de administración de justicia, que se ha celebrado en Valencia.

Sánchez de León ha destacado que se ha llegado a un 'acuerdo fundamental' en pedir soluciones a las 'debilidades y problemas' del sistema de Justicia. Al respecto, han coincidido en que la implantación de la nueva oficina judicial debe ser la respuesta para una justicia 'moderna' y adecuada a la actual coyuntura económica.

Las comunidades reclaman la creación de plazas de jueces y secretarios judiciales, así como tribunales colegiados de instancia, jueces de adscripción territorial, jueces de refuerzo y otras fórmulas similares frente a los juzgados tradicionales; también que se vincule de forma directa todos los secretarios judiciales a su ámbito territorial.

Las nuevas oficinas judiciales de 2010 'ya deben acomodarse en la medida de lo posible al nuevo modelo de oficina judicial y eso exige de una interlocución 'rápida' con el Ministerio de Justicia.