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Los escoltas a los miembros de la Judicatura de la Comunidad Autónoma Vasca comenzarán a reducirse la próxima semana hasta cubrir sólo a siete altos cargos y el juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Ésta es la información que este viernes les ha trasladado el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, a miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), con su presidente, Juan Luis Ibarra, a la cabeza.

En el encuentro, que se ha desarrollado a partir de las 13.00 horas en el Palacio de Justicia de Bilbao, los representantes de los Gobiernos vasco y central les han comunicado formalmente la decisión de suprimir este mismo mes el servicio de guardaespaldas a la Judicatura que desarrolla sus funciones en Euskadi.

De esta forma, se mantendrá la escolta al máximo representante del TSJPV y presidente de la Sala de lo Penal del alto Tribunal, Juan Luis Ibarra, a los presidentes de Sala de lo Contencioso-Aministrativo, Luis Garrido, y de lo Social, Garbiñe Biurrun, a los tres presidentes de las audiencias provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Ángel Gil, Iñaki Subijana y Mercedes Guerrero.

Además, también llevarán guardaespaldas el juez decano de Bilbao, Alfonzo González-Guija, y el juez de vigilancia penitenciaria de la capital vizcaína.

El plan de protección de los alrededor de 200 miembros de la Judicatura vasca, que incluía la escolta personal a cada uno de ellos, se puso en marcha en el año 2001, después de que ETA asesinara al juez de la Audiencia Provincial de Bizkaia, José María Lidón.

En la actualidad, debido a la disminución del riesgo terrorista, los guardaespaldas sólo protegían ya a unos 80 ó 90 jueces en la Comunidad Autónoma Vasca, y a partir de este mes, serán sólo ocho de miembros de la carrera judicial los que llevarán escolta.

Los Gobiernos vascos y central se han puesto de acuerdo en reducir los guardaespaldas a los colectivos que estaban amenazados por ETA, tras la decisión de la banda armada del 20 de octubre de abandonar la actividad terrorista. No obstante, se adoptarán otras medidas como contravigilancias.