Jueves 24 de mayo de 2012
última actualización: 09:15
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El Juzgado de lo Penal 2 sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 2 de mayo al concejal de Democracia Ourensana Gonzalo Pérez Jácome, 42 años, acusado por el Ministerio Fiscal y Canal Satélite Digital de un delito contra la propiedad intelectual en relación con su actividad empresarial en el año 2003. Pérez Jácome se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión por parte de la acusación particular, que también considera que sufrió perjuicios económicos por el delito cometido, que cifra en 3,2 millones de euros, dinero que reclama en concepto de indemnización.

Los hechos delictivos por los que deberá rendir cuentas el edil sucedieron en julio de 2003 cuando Pérez Jácome suscribió, como socio de la entidad Jolper Música S.L., un contrato con la Plataforma Digital+ (Canal Satélite Digital SA) para uso particular y que le autorizaba únicamente a visualizar la programación en el ámbito doméstico en un sexto piso del número 141 de la avenida Buenos Aires. Para ello, se le entregó un decodificador de señal y una tarjeta de abonado. Tanto el fiscal como la acusación particular sostienen que el inculpado 'de forma consciente y deliberada' colocó los aparatos en las instalaciones de Auria TV (en los bajos del inmueble que figura en el contrato).
El Ministerio Público asegura que 'el acusado una vez que comenzó a recibir la programación emitida por Plataforma Digital+ desde el estudio instalado en la avenida de Buenos Aires, comenzó a emitir la programación propia del canal Auria TV, reproduciendo de forma ilícita por vía analógica, a través del Canal 52 de la banda UHF, la señal que recibía de la plataforma de pago y para cuya difusión no estaba autorizado'.
La plataforma digital comprobó que Auria TV llegó a emitir documentales del Canal Odisea, integrado en Digital Plus, apareciendo en la pantalla el logotipo de la cadena de televisión de Pérez Jácome. Esta última, según consta en el procedimiento -en la declaración del inculpado en la Comisaría de Policía-, se financia a nivel particular y con donaciones del partido Democracia Ourensana, formación que en las elecciones municipales del pasado año obtuvo dos representantes en la Corporación de la ciudad, uno de ellos el propio procesado.