Jueves 24 de mayo de 2012
última actualización: 12:26
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Reacciones contrapuestas las que se produjeron a raíz de la reforma laboral que aprobó ayer haa aprobado el Consejo de Ministros. Mientras el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, aseguró que resultará 'útil' para crear empleo y supone 'la primera reforma profunda en democracia'; el primer partido de la oposición, el PSOE, tachó la reforma de 'decretazo' y afirmó que está hecha para incentivar el despido.

Fernández dijo que es el cambio que los empresarios llevan tiempo esperando. 'La valoramos positivamente sin ningún triunfalismo' señaló. Concretamente, celebró el nuevo contrato indefinido para las empresas de menos de 50 trabajadores que contempla una deducción de 3.000 euros a los autónomos que contraten a su primer trabajador menor de 30 años en situación de desempleo.
En su opinión, los empresarios no quieren pensar en la salida de trabajadores, sino en facilitar la entrada en las empresas y el mercado de trabajado. '(La reforma) facilitará que haya cada vez menos salidas de trabajadores', subrayó.
Plácet de los autónomos
También aplaudieron la reforma las principales organizaciones de autónomos, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). A pesar de ello, creen que será necesario poner en marcha más medidas para fomentar el autempleo juvenil.
Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. comunicarán hoy sus respectivos pareceres.
Entre las diversas fuerzas políticas de la oposición destacan las críticas que emanan del PSOE. Fue el portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso, Jesús Caldera, el que se refirió en concreto a la reforma como un 'decretazo', remarcando que a su parecer esta norma sólo sirve para incentivar el despido, por lo que no creará empleo. Para el socialista, el 'corazón' de la reforma laboral es 'muy negativo', y así se cuestionó si reducir las indemnizaciones de 45 días a 33 días por año trabajado es constitucional, y advierte de que más de nueve millones de trabajadores que cuentan en la actualidad con contratos ordinarios verán como sus indemnizaciones se reducen.