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Un juez investiga si la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) falsificó los documentos con los que justificó el cobro del canon digital a tiendas de informática. Los denunciantes, la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de informática y nuevas tecnologías (Apemit), cree que el peritraje presentado en un papel oficial de la Politécnica de Madrid fue falsificado.

A la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) parece que empiezan a lloverle las denuncias por falsificación de documentos. A la acusación formal planteada por la Asociación de Internautas (AI) se le suma ahora una querella presentada por la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de informática y nuevas tecnologías (Apemit) en la Audiencia Nacional. Apemit acusa no sólo a la SGAE sino también a la Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y a Rafael Aracil, un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, de manipulaciones para alterar el precio de las cosas, usurpación de funciones públicas y tráfico de influencias.

De momento, la denuncia ha sido aceptada y el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga el posible fraude, según publicó ayer ’El Economista’. En síntesis, se trata de determinar si Aracil utilizó el sello y los papeles oficiales de la Universidad para presentar un documento con el que la SGAE justificaba el pago del canon digital por parte de las tiendas de informática. Es decir, se usaron papeles oficiales para un trabajo privado para una entidad que, supuestamente, le habría pagado por ello, por lo que se cuestionaría su indenpendencia.

Los afectados serían unas 300 medianas y pequeñas empresas de informática de toda España que han sufrido sentencias condenatorias en virtud de la documentación que ahora se inves tiga. Los denunciantes calculan que los beneficios obtenidos por los demandados en su actividad, sólo por la documentación presentada, ascenderían a más de 100 millones de euros.

Estrategia

Apemit cree que se acordó una estrategia de defensa de los intereses de las sociedades de gestión de derechos intelectuales para establecer una analogía entre el canon analógico (regulado por la Ley de Propiedad Intelectual) y las copias digitales.