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El sistema penitenciario español vuelve a estar en situación crítica por hacinamiento. Cuando usted lea este artículo habremos llegado a la cifra de 68.000 reclusos hacinados en las cárceles españolas. Se ha sobrepasado en más de un 50% el número de plazas disponibles, por ello hablo de hacinamiento, aunque la ministra del ramo, señora Gallizo, prefiera el término de ’sobreocupación’, que debe ser más correcto políticamente aunque venga a certificar la misma miserable realidad.

Cada día ingresan en prisión 10 nuevos presos, la misma situación que durante el trienio 2001-2003. Por ofrecerles datos comparativos, tenemos el doble de internos que hace quince años en unas instalaciones que en poco se han modernizado y con un sistema carcelario apoyado en unos criterios desfasados e incapaces de ofrecer visos de reinserción social a la población reclusa. Por tanto, la política penitenciaria española sólo cumple, y de forma deficitaria, el cometido de alejar a los reos del entorno social quedando relegados a la mínima expresión los esfuerzos para su posible recuperación en la sociedad una vez que cumplan condena.

En Europa se produce una proporción de 90 reclusos por cada 100.000 habitantes. En España estamos en 130 reclusos de media y sin embargo las cifras de criminalidad en nuestro país son ligeramente inferiores a esos otros estados y, además, tenemos un Código penal mucho más suave que los países balcánicos, escandinavos o incluso que Holanda. A botepronto, ¿usted lo entiende, amigo lector? Tampoco yo, en un principio, hasta que me dediqué a indagar las causas. Me permito ofrecerles un dato más a sabiendas de que les va a ayudar en la reflexión. España encabeza en el viejo continente la proporción de mujeres presas ya que estamos en un 7,7% frente al 4,7% en el resto de Europa. ¿Son más criminales las españolas de hogaño que las de antaño? No. ¿Son más violentas las mujeres españolas que las del resto de Europa? Tampoco. La razón de esta situación hay que buscarla en otras causas.

El factor principal que nos ha conducido a esta situación en el sistema penitenciario es que comenzamos a pagar ahora el endurecimiento de la reforma del Código Penal de 2.003, del último gobierno del PP. Hay un alargamiento de las condenas, sobre todo entre internos que cumplen más de cinco años y que no logran acceder al tercer grado porque no pueden hacer frente al pago de la responsabilidad civil, tal y como exige la reforma. Dicho de otra forma: no es que entren más personas en la cárcel, es que tardan mucho más en salir. El hecho de considerar que el 25% de los presos son preventivos, a la espera de juicio, y que ese porcentaje se mantiene desde hace más de ocho años, refuerza la constatación de que el nivel de criminalidad no ha aumentado sustancialmente.

Lo ha dicho el Consejo de Europa, España es ya el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional. Escarbando más en el tema, pienso que también es de los más parcos en cuanto a medios y resultados en reeducación y rehabilitación de los penados. Hay otras causas importantes que explican esta situación, tal como la anulación del sistema de redenciones de 1995; las nuevas tipologías delictivas (violencia de género, pederastia o corrupción), la derivada del aumento de población inmigrante (un tercio de la población penal es de este sector, encabezados por marroquíes y colombianos). Es predecible que el problema se agrave con nuevas incorporaciones de conductores ebrios u homicidas como los vigueses recientemente detenidos.

También las cárceles gallegas, con 4.300 reclusos, están saturadas y es impensable una inversión astronómica en construcción de nuevos recintos carcelarios, teniendo en cuenta que una plaza en una nueva cárcel cuesta 80.000 euros (tal que un piso familiar), sin contar sueldos de funcionarios, policías y mantenimiento del edificio. Es necesario volver a potenciar legislativamente el régimen abierto, que actualmente sólo alcanza al 17,6% de la población reclusa, para los presos con delitos menos graves. Pero para ello, y volvemos al fondo de la cuestión, es necesaria una labor de preparación previa en los centros penitenciarios que reconduzca su conducta y les dote de recursos para afrontar un trabajo. De lo contrario el índice de reincidencia será elevado. Claro que cuesta dinero público, ¿pero no es eso mejor que lamentar nuevas situaciones delictivas?. Aún con deficiencias, con ese objetivo trabajan otros modelos penitenciarios europeos ¿por qué nos empecinamos en ser diferentes y persistir en el error?. Mediten sobre ello y saluden cortésmente a las chicas de la OTA.