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No hay cosa más rematadamente cretina que quedarse mirando el dedo que apunta a la Luna sin llegar a ver ésta. Pasamos la campaña electoral y Hacienda tiene ya lista la maquinaria para la recaudación del IRPF. Los dos principales litigantes electorales, pálida rosa y predadora gaviota, pretendieron embaucar al ciudadano con la dádiva de reducir la presión fiscal entre 400 y 600 euros. Amigo lector, respetuosamente se lo digo: no piense en ningún momento que el Estado le vaya a devolver en metálico esa cantidad. Es tiempo de que abandone el limbo de los candorosos que, por si no lo recuerda, hasta la propia Iglesia católica lo ha clausurado tras la última remodelación inmobiliaria celestial.

Las arcas del Estado, en España, se nutren en su mayor porcentaje de los impuestos de los asalariados de rentas medianas y bajas. El IRPF es un impuesto perversamente desigual y sólo declaran por la totalidad de las rentas quienes de una u otra forma están ya controlados por el fisco. Resulta insultante que, según la Memoria de la Agencia Tributaria de 2005, menos del 10% de los contribuyentes declaren retribuciones anuales superiores a los 36.000 euros; o que los empresarios y profesionales declaren como media una renta anual de 9.400 euros, es decir, la mitad de la renta media declarada por quienes cobran nómina. Según los datos de los informes fiscales al respecto en nuestra Galicia, que no son muy diferentes al resto del Estado porque la fauna empresarial poco difiere en función de la latitud, resulta que seis de cada diez euros recaudados en impuestos directos provienen de las rentas de trabajo y, sin embargo, en las declara ciones del Impuesto de Sociedades el 56% de las empresas declara una base liquidable negativa o nula, con lo que no pagan ni un euro. Crudo, ¿verdad?, pero real. ¿Han oído a cualquiera de los dos candidatos a la presidencia del Gobierno hablar de este tema -los datos son oficiales y conocidos por el elenco político- y, sobre todo, de introducir las medidas necesarias para resolver esta flagrante injusticia y punitivo delito fiscal?. En esta cuestión, tanto monta, monta tanto y, en consecuencia, los paganos seremos los de siempre y cual gilís irredentos acudimos a sus mítines y charlas-coloquio sin abrir la boca, sin sacarles los colores y encima aplaudir sus nimiedades. Hemos avanzado mucho pero aún, como ciudadanos, creo que nos falta un hervor de dignidad y hacernos respetar.

Pero no he terminado aún. Resulta que la presión fiscal total ha crecido, pero a costa de los impuestos directos; es decir de los que gravan al conjunto de la población por igual, con independencia de los ingresos obtenidos, lo que nos está llevando a marchas forzadas a un sistema fiscal más regresivo. Por si esto fuera poco, de cara a la inmediata declaración del IRPF ninguna administración con capacidad de intervención fiscal ha decidido ajustar equilibradamente la tarifa de este impuesto, adecuándola al aumento que han experimentado los precios. Un proceso que se conoce como deflactación. Al no realizar este ajuste, la combinación de una inflación alta como la actual -el 4,2% el pasado ejercicio- y el mantenimiento de la escala contributiva provocará en el asalariado bajo, mujer trabajadora y pensionista gallego un incremento de la presión fiscal sobre cada declarante. ¿Dónde quedan las soflamas de atender prioritariamente a los desfavorecidos, mujeres, viudas y tercera edad? ¿Dónde está la perspectiva de género exigida por la Ley de Igualdad en esta medida? El resultado es la pérdida inmediata del poder adquisitivo de los ya más desfavorecidos socialmente, puesto que el aparente avance que se produce con el aumento de sueldos y prestaciones se ve mermado de forma ineludible por una ’escalada’ en la tarifa del IRPF.

Si algo caracteriza al modelo de sociedad que dice pretender alcanzar quien actualmente gobierna la oposición conservadora camina en sentido contrario es la redistribución de la riqueza, qué tipos de impuestos pagamos y como se reparte a través del Presupuesto. Visto lo visto, continuamos en el modelo neoliberal de la legislatura conservadora anterior. Si no les gusta el adjetivo, que establezcan impuestos equitativos, que combatan el fraude fiscal -que pague quien tiene que pagar y lo que tiene que pagar- y que inviertan más en gasto social. De lo contrario que no se quejen de las críticas justificadas. Que dejen, unos y otros de actuar como vendedores de agua como si fueran crecepelos mágicos y regalando al mismo tiempo a los votantes, a quienes consideran intelectualmente calvos, un peine de 400 euros y unas tijeras de 600 para cortarse el flequillo por si el prometido y emergente flequillo les impide la visión. Espero haber sido diáfano, amigos lectores de La Región. Si no fuera así, háganmelo saber para reincidir sobre el tema con otros aspectos y llegar a la mismas conclusiones.