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Desde hace años venimos afrontando varias propuestas de directivas europeas de corte neoconservador y neoliberal que, por un lado, pretenden contrarrestar todo tipo de avances de carácter laboral, y, por otro, erosionar la Europa social que costó alcanzar más de un siglo e ímprobo esfuerzo obrero. La propuesta de Directiva Europea sobre tiempo de trabajo es una agresión frontal a varios aspectos fundamentales, entre ellos el derecho a jornada semanal de 48 horas, consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1917. El término flexibilidad no deja de ser un eufemismo con el que los neoliberales denominan hoy a la explotación del asalariado. Una lectura reflexiva de esta Directiva nos indica que son varios los frentes de ataque contra derechos básicos de los trabajadores.

Primero: se vuelve a definir el concepto de tiempo de trabajo y no se considera como tal los períodos que, aun permaneciendo en el lugar de trabajo o estando requerido, no se esté realizando un trabajo efectivo. Este aspecto anula desde los descansos para almuerzo, dietas o cómputo de tiempo de desplazamiento, hasta los necesarios descansos en sectores como el transporte y guardias médicas.

Segundo: implica, en países como Francia o España, saltar de 35 y 40 horas semanales respectivamente a 60, 65 o 78 para servicios de emergencia o sanitarios, entre otros.

Tercero: se introduce una cláusula por la que se puede establecer un pacto privado entre trabajador y empresa para firmar un incremento de jornada laboral. Sospechosamente este pacto podría alcanzarse una semana después de haber firmado el contrato laboral. Esta medida ahonda claramente en la precarización del empleo y busca la anulación de un instrumento básico de los trabajadores, los Convenios Colectivos, para sustituirlos por unas relaciones laborales individualizadas en las que las empresas impongan a cada asalariado su tiempo de trabajo.

Cuarto: consecuencia de lo anterior, se busca la liquidación del cometido social de los sindicatos.

Contiene la Directiva otros aspectos agresivos pero lo reseñado puede dar una idea precisa de su gravedad. Los sindicatos y la CES (Confederación Europea de Sindicatos) ya han expresado su rechazo categórico. Pero ello no es suficiente para conseguir la retirada de tan lesiva propuesta. Puesto que ha de ser ratificada por los parlamentarios europeos, se hace necesario que gobiernos autónomos y parlamentos de todos los países rechacen la propuesta. Intuyo que algún lector puede estar confiadamente relajado ante el hecho de que el Gobierno español y el último congreso socialista hayan criticado la Directiva. Los hechos son la mejor fuerza de convicción y no está clara la actitud definitiva del elenco europarlamentario español. La derecha lo apoya y el Gobierno, a pesar de lo que manifiesta, se abstuvo en la Conferencia Europea de ministros de Trabajo. Caminamos hacia un otoño caliente y no cabe la menor duda de que será uno de los ejes centrales de movilización a nivel europeo y para el que todos los trabajadores estamos llamados a defender los logros de más de cien años de lucha frente a la agresión de la oligarquía. Si todos nuestros europarlamentarios fueran consecuentes con la defensa de la Constitución, que para otras cuestiones bien la orean, tendrían el deber de votar contra esta Directiva porque atenta contra nuestra Carta Magna y el derecho a la negociación colectiva, introduciendo que un trabajador tenga que renunciar a sus derechos.