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Se están percibiendo una serie de indicadores que objetivamente inducen a preguntarse si nuestro Estado de Derecho no estará acercándose peligrosamente a unos límites donde la democracia puede fácilmente difuminarse tras una legislación cuestionable y donde algunas actuaciones judiciales ponen en entredicho la independencia, imparcialidad y los aspectos garantistas que deben presidir todo proceso judicial. Me refiero expresamente a la Ley de Partidos, y a un juicio que no reviste aval democrático alguno en el contexto internacional del Derecho; concretamente el sumario 18/98 contra el denominado ’entorno de ETA’, y a algunas expresiones explícitas que acompañan a lo que pudiera ser objetivo compartido de Gobierno y PP: la ilegalización de ANV.

Mis lectores conocen de sobra mi frontal oposición pública y activa en contra ETA, por lo que difícilmente puede achacárseme connivencia ideológica o síndrome de Estocolmo con respecto al matonismo profesional etarra, enmascarado de revolución política. Pero, al mismo tiempo que me enfrento con la perversa degradación humana que supone la persistente actividad etarra, me preocupa sobremanera el discurso de quienes basándose exclusivamente en el sentimiento, y algunos en la víscera, no les preocupa encender todas las señales de alarma del Estado de Derecho con tal de terminar con ETA. Coincidimos todos en el objetivo de la derrota de ETA, discrepamos en el método -derrota en orgía sangrienta o intento de diálogo creíble-, y discrepamos en los mecanismos. La polémica sobre a ANV se dirime en términos sencillos: o bien optamos por plantear una suspensión de sus actividades en función de pruebas veraces y contrastadas a través de la vía penal en el sumario abierto contra Batasuna o bien seguimos el camino de la radicalidad extrema a través de la Ley de Partidos y forzamos el Estado de Derecho hasta el extremo para dar cobertura a una decisión política que en una situación de normalidad sería considerada claramente como abusiva y vulneradora de derechos fundamentales. Parece ser que la primera opción es la elegida por el actual Ejecutivo socialista, mientras la segunda vía, manifiestamente perniciosa, es buscada por el PP.

La gran tentación de algunos puede situarse en el intento de utilizar la Ley de Partidos como un ariete contra el nacionalismo Todo colectivo social que ampare, justifique o colabore con el terrorismo etarra debe ser erradicado de las instituciones democráticas y perseguido por la legislación del Estado de Derecho. Una ley preparada ad hoc para la ilegalización de Batasuna y sucedáneos puede constituirse en herramienta adecuada, siempre que la propia judicatura y poder político se mantengan dentro del marco garantista constitucional y democrático. Una utilización de la ley, en principio justa, de forma torticera, será legal pero no democrática. Se argumenta que ANV no ha condenado explícitamente los bárbaros atentados etarras. Es cierto y su silencio irresponsable resulta hiriente. Pero el silencio no es causa de ilegalización de una formación política en nuestra democracia. Sí lo sería, por el contrario, la apología del terrorismo. Demostremos que las ’listas limpias’ de ANV son las que sirven de cobertura institucional a Batasuna, que sus emolumentos institucionales son el soporte económico de la infraestructura de Batasuna, que su entramado orgánico interno está controlado por militantes otrora batasunos, etcétera, y con esas pruebas verídicas y contrastadas podrá procederse democráticamente a la suspensión de actividades por vía penal.

La gran tentación de algunos puede situarse en el intento de utilizar la Ley de Partidos como un ariete contra el nacionalismo en general, sin distingos y generando una situación en la que fácilmente se puede incurrir en la conculcación de derechos fundamentales de las personas y partidos. El objetivo de ilegalizar a las diferentes opciones del mundo nacionalista radical debe acompañarse con una verificación y aporte de pruebas reales y, por tanto constrastables, no por intuiciones o desafectos ideológicos. Ha de tenerse en cuenta que la ilegalización de ANV no resuelve el problema de fondo ya que surgirán nuevas formaciones que intenten representar institucionalmente al mundo radical, cuestión necesaria, además, en un sistema democrático para que todos los proyectos puedan ser defendibles en un marco de respeto. El problema capital es el terrorismo etarra, no los idearios del nacionalismo democrático, que tienen su resolución en las urnas.