Opinión

La política y la ley

Es natural que Artur Mas aproveche las querellas del fiscal para reafirmar su liderazgo. Esta deriva, señalada a este lado del conflicto, el de quienes apuestan por la continuidad de Cataluña en España, se usa para descalificar las querellas por inoportunas y porque proyectan la sospecha de que se quiere arreglar un problema político por vía judicial. Reprueban la "judicialización" del desafío soberanista, pero se quedan sin palabras cuando se les preguntan si acaso están apostando por hacer la vista gorda en el cumplimiento de las leyes.

Naturalmente que el problema es político y políticas han de ser las vías de acceso a la solución. Las herramientas son básicamente dos: diálogo y urnas. Y si falla el diálogo, por enquistamiento de posiciones, solo quedan las urnas. Ahí se obtiene el derecho a lograr un objetivo: Estado propio para Cataluña en el caso de los partidos nacionalistas. Solos o en compañía de otras fuerzas capaces de formar una mayoría sindicada en la tarea de cambiar unas reglas del juego que impiden el objetivo e institucionalizar otras que lo permitan, o que permitan acordar un nuevo encaje de Cataluña en el orden jurídico español.

Es la salida política al conflicto y no hay otra. Eso no deroga el deber de atenerse siempre al principio de legalidad. Cuando el dogma civil -imperio de la ley se llama- resulta atropellado por razones de oportunidad lo que está prevaleciendo es la lucha por el poder o el contraste entre distintos programas políticos. Que haya querellas contra Mas y dos consejeras del Govern no tiene porque anular ni reducir el margen para el diálogo político si hay verdadera voluntad de afrontarlo. Por ambas partes, aunque la verdad es que la iniciativa la llevan Artur Mas y sus costaleros. Los demás bailan al son del nacionalismo catalán procurando que no se irrite más de lo debido. En ese punto se multiplican las voces de quienes reprueban las acciones penales que hacen el juego a los gobernantes de la Generalitat. El resultado es que se proyecta mucho la carga de la prueba sobre las instituciones centrales del Estado (Fiscalía Ge4neral y Gobierno, básicamente) y nada sobre las periféricas (Generalitat y Fiscalía Superior de Cataluña, sobre todo).

Hay quienes dicen que el Gobierno cometió un error al recurrir al Tribunal Constitucional porque así se estrechó la salida del túnel. Otros pensamos que quien lo ha estrechado al máximo es el presidente de la Generalitat y sus colaboradores necesarios al no dar más opciones que la del referéndum pactado para que sus organizadores defiendan la independencia o unas elecciones plebiscitarias para que sus organizadores defiendan la independencia como punto central del programa. Dos distintas formas de apostar por la demolición del Estado que, por unas u otras razones, se saltan las reglas del juego sin esperar a ganarse democráticamente el derecho a cambiarlas previamente.

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