Una justicia en estado de alarma

Una justicia en estado de alarma

El artículo 117 de la Constitución dice que “la justicia emana del pueblo” y se administra por “jueces y magistrados independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.  Tengo la impresión, sin embargo, de que hoy en España la justicia resulta incomprensible para el “pueblo del que emana” y que algunas de sus más estruendosas decisiones parecen responder al pensamiento atribuido a Plantón según el cual “la justicia solo es la conveniencia del más fuerte”.

Si en general llueve sobre mojado, en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial se acumulan las tempestades.

Primer temporal: A la sucesión de reveses cosechados en Europa por la controvertida instrucción del juez Llarena contra los encausados del “procés”, se acaba de sumar la condena del Tribunal de Derechos Humanos a España por someter a Arnaldo Otegui a un juicio viciado de parcialidad. Mal camino. Los jueces “patriotas”, más empeñados en “salvar España” que en cumplir su deber de aplicar imparcialmente la ley al margen de sus personales convicciones políticas (o morales o religiosas) no creo que alcancen a salvar nada, pero pueden cargarse los fundamentos de la democracia.  

Segundo temporal: La esperpéntica sentencia cambiante sobre las hipotecas. Lo grave no es que el Supremo falle a favor de la Banca -que podría ser ajustado a ley-, sino el inaudito baile de anular su propia sentencia -supuestamente firme- cinco minutos después de emitirla, para acabar sentenciando lo contrario. Y no es menos inquietante que Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal que ordenó revisar la misma, estuviera seis años contratado por el Centro Universitario de la Banca compaginando ese “empleo” con su cargo judicial. Con este Supremo “estilo Ricki Martín” (un pasito p´adelante, María, un pasito p´atrás) ¿qué crédito o autoridad moral tendrá la futura sentencia a los independentistas responsables del “procés”?

Tercer temporal: La jueza De Lara. En noviembre de 2016 publiqué en La Región una reflexión sobre la aparente vulneración de derechos constitucionales en algunas actuaciones judiciales. En aquel artículo escribí textualmente lo siguiente: "En el caso de Paco Rodríguez, no es fácil deducir después de cuatro años que se cumple el artículo 24.2, garante de un procedimiento 'sin dilaciones indebidas'. La inaudita detención del alcalde, incomunicado sin explicaciones durante 72 horas, no parece ajustarse al artículo 17 que obliga a informar de forma inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención. Y, desde luego, el sumario Pokémon, declarado secreto pero ampliamente difundido por la prensa con profusa información de conversaciones, incluso privadas, obtenidas en pinchazos masivos, difícilmente encaja con el secreto de las comunicaciones garantizado en el artículo 18.3, por no hablar de una investigación prospectiva (a ver qué sale) expresamente prohibida por ley."

Ahora el Consejo del Poder Judicial parece "caer de la burra" y expedienta a la jueza por esas irregularidades que los profanos veíamos (¡dos años antes!) sin más método de análisis que el sentido común. ¿Eso no son también "dilaciones indebidas" del órgano de los jueces encargado de protegernos de sus eventuales abusos?

En medio del vendaval, el presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido perdón a la ciudadanía, aunque eso poco arregla. Si Lesmes quiere pedir perdón que vaya a su parroquia y hable con su confesor, pero como presidente del Supremo lo que tiene que hacer es dimitir con todo su equipo, para que el descrédito, las sospechas y el desbarajuste de su gestión no terminen carcomiendo sin remedio el pilar de la Justicia y con él se venga abajo buena parte de nuestro sistema institucional.