Opinión

¿Y ahora cómo vuelve Áurea al gobierno?

La ex concejala socialista de urbanismo, Aurea Soto, acaba de ser absuelta de las burdas acusaciones de prevaricación promovidas por políticos y empresarios interesados, y tramitadas por un Juzgado de Instrucción y una Fiscalía aparentemente “ligeros de gatillo”.

Como dijo la propia Aurea Soto en su clarificador alegato de defensa durante el juicio, esta era una absolución de libro, una más de las sentencias absolutorias en las que sistemáticamente están acabando los múltiples procedimientos judiciales contra el anterior Gobierno Municipal socialista de Ourense, confirmando el claro sesgo político de todas las denuncias y querellas orquestadas con un único y bastardo objetivo: echar del Concello al PSOE (y a Aurea en particular) porque nunca se doblegó a intereses privados que, sin embargo, encontraron eco y apoyo incondicional en otros grupos políticos municipales autoproclamados azote de herejes.

Lo singular de estos casos en general, y de este en particular, no es que detrás de las querellas hubiera un obvio interés político o económico de sus promotores directos. Lo inaudito es que recibieran acogida, así como largo y teimudo trámite en Instrucción y Fiscalía. Y no porque una y otra no deban –y estén obligadas- a investigar cualquier indicio de delito, sino porque siendo evidente para cualquiera que no viva en una burbuja la contaminación política de dichas denuncias, cabría esperar una gestión más prudente de las mismas aplicando el principio jurídico de intervención mínima que aconseja evitar la jurisdicción penal en asuntos que, como señala la sentencia, tienen su ámbito de resolución en el contencioso-administrativo. Y máxime en un clima social convulso en el que la simple apertura de diligencias penales genera daños irreversibles a los servidores públicos. En el caso de Aurea, una dimisión que no tiene vuelta atrás.

A la vista de esta absolución, no parece que haya existido esa necesaria prudencia en una instrucción cuyo empeño en llevar a juicio este caso revela, cuando menos, una inquietante impericia técnica, y en una Fiscalía que sostuvo contra viento y marea su acusación y pedía nada menos que 10 años de inhabilitación para Aurea.

Seguramente recurrirán la sentencia absolutoria, y seguiremos gastando dinero  público en un pleito que nunca debió producirse. Los eventuales recurrentes están en su derecho, desde luego, y no corren tiempos en los que el reconocimiento del error y la honradez intelectual sean valores apreciados. Pero ahora que la sociedad parece decidida a colocar la política frente al espejo de sus responsabilidades, y frente a la obligación de responder de cada una de sus actuaciones  e incompetencias, sería bueno extender ese nivel de exigencia a todos los poderes del Estado. Incluida, naturalmente, la justicia.

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