Soy uno de esos abogados a los que les ha afectado la huelga en la administración de Justicia gallega que empezó el pasado 7 de febrero. Una huelga «sin importancia» con escasa trascendencia social, parece. Que uno de los tres poderes del Estado lleve paralizado 73 días es una mera anécdota, un fastidio que hemos de tolerar. Que hasta la fecha se hayan tenido que suspender cerca de veinte mil juicios, algunos aplazados ahora hasta el 2020, simplemente mueve a la hilaridad. ¡Ah!, otra cosa sería que la Sanidad o la Educación estuviesen paralizadas, no ya dos meses, sino dos semanas. ¿Se imaginan?, médicos y enfermeros en huelga, profesores de Primaria, ESO y Bachiller en huelga. ¡No, sería inadmisible! Provocaría tal crispación, sus efectos serían tan perniciosos y el terremoto en la política gallega alcanzaría tal magnitud —quién sabe si con dimisiones de los conselleiros del ramo incluidas—, que el acuerdo entre las partes sería una realidad por acuciante necesidad social. Pero no, no es de Sanidad ni de Educación de lo que hablamos, sino de la pobre Justicia. A un herido de muerte una bofetada le hace tanto daño como a uno sano unas cosquillas en el pie. ¿A quién coño le importa que un paisano, que lleva esperando por su juicio dos o tres años, tenga que esperar ahora otro año más? Una operación quirúrgica aplazada puede provocar una muerte, pero las consecuencias de un juicio aplazado se agotan en la manida resignación del particular, al que ni siquiera la queda el consuelo del dicho gitano: pleitos tengas y los ganes. Y en todo caso, para calmar los ánimos crispados del ciudadano al que -esto es real- la empresa no le paga desde hace más de tres meses y por eso acude al juzgado para que el juez rescinda su contrato; al que el Inem no le paga porque, al no haber juicio, su contrato sigue en vigor; al que el Fogasa tampoco le adelanta cantidad alguna porque no hay resolución judicial que declare la insolvencia empresarial; a ese desesperado, que tendrá que esperar unos cuantos meses más sin cobrar ya lo consolaremos en el despacho y le diremos que esto no puede durar mucho más. Supongo que todavía nos creerá, al fin y al cabo somos sus asesores y en nosotros deposita su confianza.
Esta huelga tiene que acabar. Lo decía ayer en una red social: Señores de la Xunta y de los Sindicatos, enciérrense hoy mejor que mañana, váyanse a Oseira, a Sto. Estevo o a Poio, a ver si sus claustros pétreos azuzan su ingenio, y no se levanten hasta que el acuerdo esté cerrado. No es de recibo que sigamos sin entendernos. Cambien, si ése es el problema, de interlocutores; tras varias y tensas reuniones sin llegar a un punto en común, escuchar la misma voz y ver el mismo rostro predispone al desacuerdo. La mente es maravillosa y unos nuevos ojos que miran, una nueva voz que habla y unos nuevos oídos que escuchan pueden hacer milagros. Arréglenlo.
Y sí, ahora lo digo con la cabeza bien alta: los abogados nos hemos ofrecido a mediar, y por respuesta algunos nos han tachado de insolidarios. Se han dicho frases como “que se jodan los abogados, ésos son millonarios, solo van a lo suyo”, y lindezas semejantes. Ojalá esa persona nunca tenga un problema de salud que la haga merecedora de una invalidez; que nunca tenga un problema con un vecino que le haga la vida imposible; que su hijo no se vea metido en un lío y penda sobre él una acusación penal, y que no tenga un accidente de tráfico y quiera pedir una indemnización por los daños sufridos, porque si le ocurre esa desgracia aquí estaremos los abogados insolidarios y ricachones para, eso sí, defender sus intereses con la máxima profesionalidad, como es nuestra obligación.
Señores de la Xunta y de los Sindicatos, les juro que no somos tan malos. Solo queremos que esto se arregle. Como todo hijo de vecino.
