Pues sí, las administraciones locales y concretamente sus haciendas locales ya tienen sus particulares "cláusulas abusivas" en formato plusvalías municipales, y mira que lo hemos advertido en los últimos tiempos, en fin. Y todo ello dentro de un marco de un urbanismo carnavalesco, judicializado al máximo, sin pies ni cabeza y sin ningún parámetro de actuación que responda al sentido común, al rigor o al interés general de Ourense. Un urbanismo que a día de hoy no va crear nuevas actividades económicas (llámense Eroski, Hipercor o Pepito Pérez), ni tampoco nuevos empleos. Simplemente, porque las tres palabras mágicas "seguridad jurídica urbanística", están vacías de forma y contenido desde hace años en nuestra ciudad, ya que perdieron todo su significado y credibilidad, al igual que sus responsables municipales, los de ahora y los anteriores. Sin PXOM no hay viabilidad económica, ni social, ni demográfica, ni por supuesto modelo de ciudad, aunque esto último alguno ni sabe lo que significa, aunque la pronuncien de vez en cuando.
Por si fuera poco, la falta de un plan general que dé seguridad jurídica a la hora de promover y comercializar vivienda nueva ha desequilibrado el mercado en Ourense al reducir a la mínima expresión la oferta de la nueva, y precisamente por ello y desde que hay registro del número de compraventa, la usada acapara la práctica totalidad de las ventas y así lo constatan los datos del INE. La falta de oferta ha producido un incremento del precio de la vivienda nueva (aumento leve de momento) y solamente quedan en el mercado ourensano aquellas unidades con precios elevados, con distribuciones interiores erróneamente planteadas o ubicaciones poco atractivas para el comprador.
Dentro del stock de vivienda usada a la venta, aquellas unidades más difíciles de comercializar son las que no disponen de ascensor, tienen más de 50 años de antigüedad o necesitan amplias reformas que suponen un alto coste al comprador, o que el vendedor no se ha ajustado al precio real del mercado.
Y por último, ahora se les abre un nuevo frente de actuación llamado plusvalías municipales, que lo va judicializar y complicar aún más. Detallemos los datos para comprender la "que se le avecina": el Tribunal Constitucional, en sentencia de 16 de febrero de 2017, ha declarado inconstitucional dos artículos de la Ley Foral que regula esta figura tributaria, al determinar que este impuesto grava la riqueza creada en la venta de inmueble. Sin embargo, desde el inicio de la crisis económica el precio de venta generalmente ha sido más bajo que el de compra en este tipo de transacciones, con lo que en lugar de beneficios se han contabilizado pérdidas. Esta situación debería haber impedido a los ayuntamientos liquidar y cobrar el impuesto. El TC, al declarar inconstitucional la norma foral, ley que es igual a la estatal, obligará a modificar la normativa nacional.
Recordar que la plusvalía municipal es un impuesto directo que grava el supuesto incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana, como consecuencia de su transmisión (compraventa, herencia, donación, permuta), así como por la constitución o transmisión de derechos reales de disfrute, como es el usufructo.
Personalmente recomiendo que una vez que se ha efectuado el pago del impuesto, el primer paso sería presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, ante el ayuntamiento recaudador, haciendo constar el importe satisfecho ya que posiblemente las reclamaciones puedan ser retroactivas a los cuatro años anteriores. Lo iremos viendo.
