Las familias, los autónomos, las pequeñas empresas ya no soportamos más impuestos. Nos están empobreciendo, nos están asfixiando económicamente y nos están empujando hacia los umbrales de pobreza. Ourense ya no aguanta más impuestos, ni el resto de España tampoco.
La electricidad en máximos, el gas natural en máximos, los carburantes en máximos, catastrazos uno tras otro para subirnos el IBI, las injustas plusvalías municipales, las herencias, donaciones, sucesiones y así hasta el infinito fiscal. Hasta los ministros compiten entre ellos para ver quién puede ponernos más impuestos a familias, autónomos y pequeñas empresas. Y además, el Gobierno también solicitará un crédito para hacer frente al pago ordinario y extraordinario de las pensiones, ya que únicamente con cotizaciones el sistema no se puede mantener, según la ministra de Trabajo, así que más impuestos para tapar sus incapacidades. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues en mi Ourense las pensiones más bajas de todo el país y la renta per cápita más baja de toda España.
Pero hoy quiero centrarme en el último despropósito de quienes dicen gestionar las administraciones: el reciente catastrazo. Y empiezo diciendo que claro que existe margen para reducir el valor catastral de los inmuebles en la ciudad, ya que los actuales valores catastrales provienen de una revisión con precios desfasados. Y añado que la reducción del valor catastral aliviaría, un poco por lo menos, la carga fiscal de los ourensanos en otros impuestos. ¿Y qué deberían hacer los que dicen gobernar? Pues mi recomendación va en la línea de que el ayuntamiento inicie cuanto antes un proceso de modificación de la ordenanza fiscal del IBI para 2019 en la que se contemple una reducción del valor catastral entre el 5% y el 7%, al existir margen para ello. Esta medida deberá incluirse en los presupuestos de 2019, después de solicitar los informes técnicos necesarios. Una vez aprobados los presupuestos de 2019, el ayuntamiento deberá solicitar al Ministerio de Hacienda esa rebaja de los valores catastrales. Y precisamente porque los actuales valores catastrales de la ciudad corresponden al 2006, permite presuponer su desajuste respecto a la realidad del mercado con valoraciones muy superiores al valor real. Esta propuesta de reducción del valor catastral tendría repercusiones positivas en otros tributos (IRPF, Plusvalía, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones…) permitiendo así reducir la carga fiscal en una de las capitales con menores índices de renta y pensiones.
Y digo más: se debería rebajar el tipo impositivo (porcentaje aplicable sobre el valor catastral) del actual 0,49 al 0,45 para inmuebles residenciales y del 0,58 al 0,50 para locales del pequeño comercio y de hostelería, un balón de oxígeno económico más que necesario. Y planteo una tercera alternativa, que consistiría en el recorte de las retribuciones del alcalde y demás miembros de la corporación en un 40%, lo que permitiría aplicar una reducción generalizada del IBI superior al 2%. Creo que lo que ganarían es más que suficiente para vivir dignamente. La política no puede ni debe ser la nueva burguesía de los fracasados. Soluciones, y no frivolidades, es lo que necesitamos los ourensanos.
