Opinión

Humillación presupuestaria

La inversión del Estado en Galicia cae un 32% en 2017, hasta 924,6 millones, y ese es el dato, maquillen como lo maquillen. Y todo ello con un AVE que vendrá tarde, mal y arrastras y sin variante exterior. Unos Presupuestos los del 2017 que han tenido en cuenta una expectativa de crecimiento del PIB del 2,5%, la creación de medio millón de empleos y una recaudación impositiva superior a la lograda en 2007. Es decir, una declaración de buenas intenciones basadas en proyecciones que se pueden cumplir o no, y que en mi opinión, al igual que el capítulo de ingresos, son unos prepuestos faltos de credibilidad. Y todo ello sometido a la aprobación definitiva, al capítulo de enmiendas y, sobre todo, a que si se aprueban en tiempo y forma, se ejecuten en un 100% y se liquiden como corresponde, que lo dudo y mucho.

Presupuestos que incluyen una aportación destacada para pagar parte de las pensiones, después de que el déficit de la Seguridad Social alcanzara los 18.000 millones de euros a cierre de 2016, según los propios datos del Ministerio de Hacienda, lo cual pone de relieve el fracaso de la política fiscal de un ministro que aún piensa a estas alturas que con subir los impuestos al infinito lo soluciona todo, pues no. Un estado que financiará todos sus gastos con impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y otros ingresos adicionales y que a la vivienda solo dedicará un pírrico 0,1% del presupuesto,es decir que a un sector que vuelve crear nuevamente empleo se le obvia en su totalidad.

Mientras, observo como a las pensiones irá destinado el 40%, nada menos que 139.647 millones de euros. Dicho de otro modo: casi 41 de cada 100 euros del Presupuesto de 2017 irán destinados a pagar las pensiones de jubilación, orfandad, viudedad o discapacidad. En 2007, la dotación a este fin era inferior a 91.500 millones de euros. En apenas una década, esta partida se ha disparado un 52%. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues se necesita una reducción del gasto público, una reforma fiscal sólida y adecuada al marco actual y una agenda de reformas estructurales que reduzca la tasa de paro estructural, porque el déficit público ni crea empleo, ni paga las pensiones, sr. Montoro.

Por cierto, que la deuda pública gallega cerró 2016 en 10.854 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,62% en relación al término de 2015, cuando eran 10.375 millones. Y también representa un crecimiento de un 2,16% más respecto al tercer trimestre (10.624 millones). Como tampoco es de recibo que se incluyan un alza del 3% en la base mínima de cotización de los autónomos. Un cambio que afectará al 80% de autónomos y que les complicará un poco más la vida en estos presupuestos tan “sociales”.

En definitiva: unos presupuestos inflados en el capítulo de ingresos que obvian cualquier estímulo al crecimiento económico de autónomos y empresas, que machacan una vez más a la clase media trabajadora y que contribuyen de una forma notoria a la desigualdad entre comunidades y provincias. Pero no pasa nada, que una pequeña parte de España va bien y regado con dinero público de todos los contribuyentes, mientras el resto no llega ni a mediados de mes. ¿Cuál será el próximo paso de Montoro, otro catrastazo más para subir un IBI desorbitado e incomprensible ?

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