La deuda del Estado marcó en junio su máximo histórico con 1.019.337 millones de euros, tras aumentar en 9.997 millones con respecto a mayo, cuando alcanzó 1.009.340. Con respecto a junio de 2017, la deuda estatal ha aumentado en 43.055 millones, un 4,4%, según los datos del Banco de España. Y en este contexto, al actual Gobierno de la nación no se le ocurre mejor idea que querer incrementar los impuestos a las empresas cuando la carga fiscal de las españolas ya es la más elevada que soporta la media de en la UE. Quiero recordar al actual ejecutivo que nuestra carga tributaria se sitúa en el 46,9%, mientras que la media en Europa es del 40,9%.
Y para que quede más claro, lo desglosó: si tomamos como referencia el último informe de CEOE, comprobamos como la carga tributaria que soportan las empresas españolas es muy superior como consecuencia a las elevadas cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por sus plantillas, algo que ya he puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por lo poco ortodoxo y por qué precisamente este hecho es lo que produce la asfixia económica de autónomos, microempresas y pequeñas pymes. De hecho, el Estado recauda más por esta vía que por IVA o IRPF. Solo en el año 2017 las cotizaciones empresariales (sin tener en cuenta la parte pagada por los trabajadores) ascendieron a 93.643,86 millones de euros; es decir, se recaudó una cantidad considerablemente superior por este concepto que por IRPF (77.038 millones de euros) o por IVA (67.797 millones). Si sumamos a las cotizaciones el Impuesto de Sociedades, las empresas aportaron el año pasado 116.786 millones de euros. Además, a las cotizaciones y Sociedades hay que sumar otros impuestos que pagan las empresas, y que tienen un carácter autonómico y local. Entre ellos destacan los impuestos medioambientales de las autonomías, el Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Teniendo en cuenta todos estos tributos, la carga fiscal de las empresas españolas se eleva hasta el 46,9%, siendo las cotizaciones sociales las que tienen un mayor peso (35,6%), seguidas del Impuesto de Sociedades (10,6%) y otros gravámenes (0,7%). Así pues, incrementar la recaudación aumentando los impuestos sobre las empresas es un tremendo error. La presión fiscal empresarial en España es alta en comparación con los países de nuestro entorno y debe bajar, no subir. Cualquier otra medida afectaría a la competitividad de nuestra economía en un mundo cada vez más globalizado. Y no me cansare de repetir que la economía se recupera bajando los impuestos, y no intentar cobrarnos hasta el último de nuestros días exprimiéndonos como los limones en una paella de verano.
El tejido comercial de proximidad, y las pequeñas y medianas pymes ya no damos más y en ciudades como la mía, Ourense, donde la gestión de la administración más próxima a los ourensanos brilla por su ausencia, pues ya ni les cuento. Basta darse un paseo por nuestras calles semicéntricas y periféricas y lo que más leemos es “liquidamos por cierre”. Salvar al comercio de proximidad debe ser prioritario con líneas de actuación que giren en torno a tres objetivos básicos: restablecer una política ordenada de rebajas y promociones, reducir la brecha digital en las pymes de comercio, así como revisar la fiscalidad del sector, que en este momento resta competitividad al pequeño y mediano comercio.
