Opinión

La ley hipotecaria que viene

La plusvalía municipal es un impuesto directo que grava el supuesto incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de su transmisión (compraventa, herencia, donación, permuta), así como por la constitución o transmisión de derechos reales de disfrute, como es el usufructo. Y ahora, el Tribunal Constitucional ha sido contundente declarando inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Considera que la plusvalía municipal vulnera el principio constitucional de capacidad económica (art. 31.1 CE), en la medida en que “no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del inmueble, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo, entre uno y veinte años”.

En concreto, esta sentencia permite que más de 25.000 personas en Galicia y sobre 2.500 en Ourense, puedan reclamar la devolución de un injusto impuesto que por activa y pasiva en los últimos tiempos he cuestionado y que desde la administración local siempre se ha optado por exprimir tributariamente al contribuyente antes de pensar en el interés general de sus vecinos. Una vez más el tiempo y la justicia dan la razón al sentido común y a la racionalidad por encima de los simples recaudadores de impuestos. Desde luego esos comportamientos no son, ni de lejos, los que la sociedad espera de sus administraciones.

Y esto me da pie a analizar el borrador de la ley hipotecaria que viene. Desde mi colectivo empresarial hemos defendido y argumentado por qué se debía modificar la ley hipotecará actual, sencillamente porque no respondía al momento actual que vive la sociedad española y porque no cubría las necesidades y derechos de la ciudadanía. Pues bien, tarde y arrastras, el Ejecutivo por fin ya tiene un borrador de la nueva ley hipotecaria, y aunque no es todo lo que esperábamos si es verdad que recoge varias líneas que eran imprescindibles modificar y actualizar. En términos generales, la normativa adaptará las directrices europeas al marco jurídico español y pretende aumentar la transparencia de las hipotecas para proteger a los clientes y a la vez, dar seguridad jurídica a la banca.

Entremos en materia para conocerla mejor, ya que más de doscientas mil personas en Galicia tienen a día de hoy contratada una hipoteca sobre su propiedad. La ley propone que los notarios expliquen a los futuros hipotecados todas y cada una de las cláusulas que contiene su préstamo, así como sus consecuencias. Esta nueva ley también determinará cuál es el interés de demora que puede cobrar la entidad en caso de impago de las cuotas hipotecarias.

Otro de los pilares de la norma será cambiar los términos que permiten a un banco activar la cláusula de vencimiento anticipado, que consiste en dar por vencido la totalidad del préstamo antes del plazo acordado en el momento en el que deudor incumple su obligación de pago. Dicho de otro modo, una vez que la ley esté en vigor no se tendrá en cuenta si el dueño de la vivienda tiene tres o cuatro cuotas sin pagar, sino si la cantidad adeudada alcanza o no el porcentaje sobre el capital que fije la deuda. La normativa también incluirá una lista con todas aquellas cláusulas que no son legales y la puesta en marcha de un modelo de contrato hipotecario estandar que sea tan sencillo que cualquier consumidor pueda entenderlo. En definitiva, no es todo lo que se esperaba pero sí es verdad que es una mejora considerable con la actual ley.

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