Si hasta ahora no he abordado este tema no es precisamente por pasar de puntillas por este grave y creciente problema social, no es mi estilo ni de lejos, todo lo contrario. Sino porque pensaba y creía que solo podía contribuir a generar más inquietud o alarma social en una situación que compruebo que cada vez amplía más su preocupante magnitud, al tener una legislación obsoleta que no se actualiza y que siempre va por detrás de la problemática actual, y que ha permitido que actuaciones que eran esporádicas en nuestra comunidad, Galicia, ya no lo sean.
El problema se ha agravado y hay que afrontarlo, y sobre todo en una provincia como la nuestra con más de 58.000 viviendas vacías. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello. Así que veamos nuestros datos: la provincia cuenta con un total de 92 ayuntamientos y en ellos hay registrados 2.599 núcleos de población, 1.185 núcleos diseminados y 3.690 entidades singulares o aldeas repartidas por 916 parroquias. De esas 3.690 aldeas, casi 2.000 tienen ya menos de 12 vecinos y aún dentro de este último grupo hay 300 aldeas con entre uno y dos habitantes; eso sin contar las 276 núcleos que figuran como "vacíos".
Y ahora entremos en materia para saber de qué estamos hablando. Según la ley, la policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada ilegalmente, siempre que lo haga dentro de las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de esas 48 horas (dos días), se necesita una orden judicial, y entonces, todo entra en un complicado proceso que puede tardar años. De ahí que los okupas traten de probar a la policía que llevan allí más de dos días. Por lo que mi recomendación, si pasa esto, sería la siguiente:
El propietario tiene que solicitar el desalojo lo antes posible. Puede tener la suerte de enterarse a tiempo o que un vecino denuncie la ocupación inmediatamente (la agilidad de una comunidad de vecinos es fundamental). En ese caso, la policía se presenta y les desaloja sin orden judicial, si se demuestra que llevan allí menos de 48 horas. Claro, si la policía logra entrar a la vivienda.
Si la vivienda estaba vacía y no tenía carteles de haber sido puesta en alquiler, venta o en rehabilitación, al pasar las críticas 48 horas, el propietario ya no puede pedir el desalojo, sino lo que se llama un desahucio en precario, y ahí empieza una odisea de meses o años. Por desgracia casi siempre una ocupación trae parejo importantes desperfectos interiores y exteriores y situaciones de estrés y ansiedad para sus propietarios y por supuesto un gravísimo perjuicio económico.
Hasta ahora era un problema que veíamos en las grandes ciudades de otras comunidades, pero ya ha llegado aquí, a Galicia y por supuesto a nuestro Ourense.
No es permisible que en una época estival en la cual muchos ourensanos afincados en otras ciudades o países regresan para disfrutar de sus merecidas vacaciones se encuentren con la peor de las pesadillas al comprobar cómo su casa ya no lo es, dando comienzo a un calvario sin fin en el que mafias perfectamente organizadas sacan un buen pellizco de las desgracias ajenas. Por lo que espero que el legislador legisle de una vez y proteja en su totalidad los derechos de la propiedad y los propietarios.
