Opinión

Prohibir no es la solución

Primero fue la ciudad de Palma, después Valencia, ahora Madrid las ciudades que están prohibiendo el libre mercado de la vivienda vacacional-turística. Todas ellas tienen un denominador común: una política municipal intervencionista con inspiración anarquista. Intentar ponerle puertas al campo nunca fue la solución de nada. Y espero también que ciudades como Ferrol, A Coruña o Santiago no sigan la misma línea y equivocada actuación. La última en sumarse a esta irracional moda ha sido la alcaldesa de Barcelona, ciudad donde el alquiler ha aumentado un 28,7% en tres años (2014-2017). Y claro que hay un problema con el alquiler, pero intentar intervenir un mercado de la vivienda, es intentar implantar un modelo totalitario e intervencionista que no conduce a nada positivo para el interés general.

¿Pero cuál es la solución? Pues una de ellas la tenemos bien cerca. Miremos a Portugal (y en concreto a Oporto) donde se pretende mitigar la subida de los precios de las viviendas y de los alquileres con medidas que potencien arrendamientos de larga duración, sobre todo a aquellas personas de mayor edad o con algún grado de minusvalía. Y para ello su proyecto se basa en siete medidas. Entremos en materia: ampliar la duración de los contratos de arrendamiento, ofreciendo deducciones fiscales en las rentas por el alquiler a los propietarios que firmen contratos de tres años o más de duración. Asegurar que el arrendador va a cobrar el alquiler y que permita a los inquilinos seguir pagando la renta con una garantía del propio Estado. Contratos de alquiler de larga duración, de 10 años o más, con más beneficios fiscales, bajando las tasas del 28% al 14%, para que el mercado de alquiler represente una verdadera alternativa a la adquisición de casa propia. Además, los inquilinos mayores de 65 años podrán tener lo que se ha llamado alquiler vitalicio, a los que se unen aquellos inquilinos que presenten un grado de discapacidad por encima del 60%. Entre otras medidas del Gobierno portugués se encuentran las ayudas para las familias más desfavorecidas y un programa de alquiler social. Se ofrecerán ayudas a aquellos edificios que se rehabiliten y dediquen sus viviendas al alquiler.

En definitiva, menos intervencionismo y más normativas claras, agrupadas, concretas y legibles en un libre mercado que debe seguir siéndolo, y más actuaciones privadas y menos públicas. Por lo que deducciones fiscales al propietario que alquile su vivienda, sea turística o no, debería ser la premisa principal. Basta ya de errores por parte de las administraciones que solo perjudican a la sociedad. 

Y baste un ejemplo: las plusvalías municipales, las cuales he defendido su supresión y devolución de las cantidades injustamente cobradas por las administraciones locales y que ahora el TSXG ha dictaminado declarar ilegal parte de la ordenanza que las regulaba. Siempre nuestro sistema judicial poniendo en su sitio a los políticos y nuestros responsables públicos. Y parece que no aprenden, porque aquí, en mi ciudad, aparte del varapalo judicial que acaban de recibir sobre las plusvalías, pues ahora pretender judicializar de lleno una presunta aprobación de un PXOM modificado. Si eso sucediera espero que todo el peso de la ley caiga sobre sus directos responsables públicos.

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