Opinión

LA CALLE

Desde que el pasado miércoles, el presidente del Gobierno anunciara en el Congreso de los Diputados medidas tan drásticas como la subida del IVA, la supresión este año la paga extra de Navidad de los funcionarios o la reducción a partir del sexto mes del 60% al 50% de la prestación del desempleo, la indignación de un buen número de ciudadanos ha ido 'in crescendo', lo que se ha traducido en estos días en múltiples y diversas manifestaciones en las calles de muchas ciudades de España. Y es que para el ciudadano de a pié este es el único recurso que le queda para plasmar su desacuerdo con las medidas adoptadas por el ejecutivo.


Alguien puede pensar que el anterior presidente del Gobierno también tuvo que adoptar -tarde y mal por su empecinamiento en no reconocer lo que se nos venía encima- medidas y recortes muy impopulares y, sin embargo, no tuvo la contestación en la calle que está teniendo Rajoy. Incluso resulta una obviedad decir que, en buena medida aunque no en toda, la culpa de cómo nos encontramos ahora tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero. Todo eso es verdad, pero sirve de muy poco a los ciudadanos que ven como el actual Gobierno del PP, en su afán de recaudar dinero para hacer frente a la deuda y al déficit público, ha puesto el énfasis mucho mas en castigar el bolsillo de los ciudadanos que en reducir el gasto público.


Porque esa es la gran carencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Quizás era inevitable subir el IVA, sobre todo porque era una exigencia de Bruselas, o suprimir la paga extra de los funcionarios, pero todo eso sería mejor aceptado si al mismo tiempo se viese un esfuerzo por recortar también la mastodóntica estructura institucional de nuestro País, con diecisiete Comunidades Autónomas, 8.000 Ayuntamientos, Diputaciones, un sin fin de empresas públicas y chiringuitos varios donde la denominada 'casta política' tiene asentados sus reales, es decir, donde están colocados como asesores, cargos públicos, consejeros de las empresas, muchos militantes de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE.


Por eso, si Rajoy no rectifica, y no da la impresión que tenga la intención de hacerlo, y no entra a fondo con las tijeras en el inviable entramado institucional, el enfado y la indignación de los ciudadanos irán en aumento. El Gobierno teme un otoño caliente y tiene motivos más que sobrados para ese temor. Puede pensar que los sindicatos y los partidos de izquierda quieren aprovechar ese descontento para llevar el agua a su molino. Y quizás tenga razón. Pero se equivocaría si no se diera cuenta que entre esos ciudadanos descontentos también hay muchos que votaron al PP y a Rajoy para que nos sacara de la crisis, pero no a base de propinar guantazos sólo a los sufridos ciudadanos de a pié.

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