La muerte del "ertzaina" Inocencio Alonso García en el transcurso de los incidentes provocados por hooligans seguidores del Spartak de Moscú y del Athletic de Bilbao no puede quedar en una anécdota. En todos los medios de comunicación se venía alertando acerca del riesgo que suponía la anunciada presencia de seguidores ultras del equipo ruso. En la semana precedente al partido de fútbol que se iba a celebrar en el estadio de San Mamés fueron más los comentarios acerca del riesgo de incidentes entre seguidores de uno y otro club que las informaciones específicamente deportivas. El fenómeno de la violencia que podía acompañar al evento desplazaba a un segundo plano todos los demás aspectos futbolísticos.
Y nadie hizo nada. Ni la UEFA, responsable última de la competición y ni las autoridades deportivas españolas. La UEFA debió advertir a los clubes. Con sanciones económicas duras en caso de incidentes en el campo y con la determinación de apear de la competición a quien no advirtiera a sus seguidores de lo que podía pasar en caso de que hubiera actos de violencia.
De las autoridades policiales españolas (y de las rusas) cabía exigir un protocolo más severo ante semejante amenaza. En Moscú impidiendo el viaje de los hooligans del Spartak que utilizaron el avión como transporte. Dados sus antecedentes (en muchos casos, penales) no habría sido difícil retenerlos. Algunos de ellos ("Gladiators Firm 96" y "Fratria") están fichados a raíz de los graves incidentes que provocaron en Marsella en ocasión de los partidos de la Eurocopa 2016 y también en Sevilla en 2017. Y otro tanto en Bilbao con los ultras del Athletic Herri Norte.
En España, las autoridades, sabiendo la que se anunciaba, debieron tomar medidas en la frontera. Si en lugar de 500 agentes de la policía autonómica y 100 municipales el dispositivo policial hubiera doblado su número, los salvajes llegados de fuera (y los de casa) quizá no habrían podido actuar como lo hicieron.
Tengo para mí que para frenar la violencia relacionada con el mundo del fútbol sólo hay dos caminos: sanciones económicas severas a los clubes que toleran o incluso amparan a estos grupos de energúmenos y, ante los encuentros declarados de riesgo: dispositivo policial disuasorio. La muerte de un policía en acto de servicio afecta a toda la sociedad, no solo a su familia, sus amigos y sus compañeros.
