Si los portavoces de los partidos separatistas del Parlamento de Cataluña que maniobran para modificar el artículo del Reglamento que regula el procedimiento para presentar proyectos de ley buscando un atajo para que el presidente de la "Generalitat" pueda convocar un referéndum burlando así al Tribunal Constitucional llevan a término su objetivo, surge una pregunta: ¿Por qué el Gobierno de España no hace nada? ¿Por qué espera a que sean los tribunales -jueces y fiscales- quienes se ocupen de esta patata caliente? La respuesta puede resultar desesperante, pero lo cierto es que hasta que no pasen de las palabras a los hechos, el Gobierno no puede actuar.
Más de un español, como ciudadano residente en un Estado de Derecho, se preguntará por el Artículo 155 de la Constitución. El que prevé que si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones de la Constitución que las leyes le impongan o que atenta contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la mencionada Comunidad Autónoma, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podría adoptar las medidas necesarias para obligar a las autoridades de la Comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones.
Ya digo que ante la inminente -y no desmentida- argucia de los grupos separatistas del "Parlament" para modificar el Reglamento en forma y manera que permitiría la aprobación exprés de la llamada "ley de transitoriedad jurídica" estoy seguro de que son muchos los ciudadanos que se están haciendo esta y otras preguntas parecidas. Nacidas todas de la misma inquietud: la preocupación por la deriva que están tomando los acontecimientos políticos en Cataluña a medida que se intensifica el desafío de los separatistas empecinados en poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a una agenda rupturista que todavía no en los hechos, pero sí en el anuncio de sus intenciones, se configura como un golpe parlamentario.
Si la maniobra encaminada a acortar plazos para burlar al Tribunal Constitucional llega a consumarse, y, tras modificar torticeramente el Artículo 35 del Reglamento del "Parlament", aprueban la mencionada "ley de desconexión" en lectura única, en una sola sesión y sin debate de enmiendas, tengo para mí que habría llegado el momento en que el Gobierno de España en cumplimiento del mandato constitucional, hiciera cumplir la ley. Entre otras tareas, para eso fue elegido presidente del Ejecutivo el ciudadano Mariano Rajoy Brey.
